En la presentación ante el fiscal Guzmán, solicitaron que declaren los síndicos Diego Thommen y Zacarías Rigo y los socios privados Alfredo Corteggiano y Rubén Infante.
La abogada que asesora al bloque de concejales del PJ pidió al fiscal de Instrucción Walter Guzmán que recepte testimonial a los síndicos Diego Thommen y Zacarías Rigo y a los socios privados Alfredo Corteggiano y Rubén Infante, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la cesión del contrato de recolección de residuos de Cotreco a Gamsur.
Con acusaciones de abuso de autoridad y pedidos de allanamiento a Cotreco y Gamsur, la doctora Nieto, presentó la semana pasada el requerimiento penal para que se investigue un supuesto acto delictivo en la transferencia del contrato de recolección de residuos.
En la denuncia se señala que hubo abuso en el ejercicio de la función pública por parte del intendente Juan Jure y piden la nulidad del contrato.
Además, solicitaron como “medida urgente” que, “ante la posible desaparición, adulteración o pérdida de la documentación, se oficie al Juez de control para que ordene el allanamiento y secuestro de documentación en la sede de la empresa GAMSUR SEM Y COTRECO SA”.
La presentación, señala que el pasado 26 de agosto, mediante un decreto del intendente Juan Jure, se produjo la transferencia del servicio de higiene urbana “soslayando el procedimiento licitatorio”.
Nieto recordó que el marco de legalidad de la Carta Orgánica Municipal y las Ordenanzas 835/94 “exigen que una contratación con terceros que se materialice por altas sumas de dinero deben efectuarse mediante una previa licitación pública, a los efectos de seleccionar el nuevo co-contratante de la Administración”.
“Se materializó una seria y manifiesta desviación de poder, abuso y actuación irregular. Es la finalidad de esta denuncia, poner en conocimiento a este Ministerio Fiscal, las innumerables ilegalidades ocurridas en el marco de este ¨negocio¨ efectuado por el Ejecutivo Municipal”, indica el documento presentado ante el fiscal y que fue firmado por los 6 integrantes del bloque justicialista.
En el extenso escrito, se sostuvo que “el Intendente, entre gallos y media noche, decidió unilateralmente la cesión de un contrato administrativo, abusando de sus facultades, de su poder, saltando todas las vallas de legalidad, sin si quiera consultar al órgano legislativo municipal, ni a los síndicos”.
Para los ediles, “existen serias y perjudiciales consecuencias, no solo en cuanto a la violación de un sinnúmero de disposiciones legales sino también en especial, patrimoniales para el erario Público”.
En la presentación judicial se advierte que “este vicio torna nulo de nulidad absoluta e insubsanable el Decreto” para la cesión del contrato.
“El municipio no es el intendente, no estamos bajo una monarquía, y las decisiones de un Intendente no pueden estar por encima de la Constitución local y las leyes que la reglamentan”, subrayaron.
Encuadramiento legal
En el dictamen elaborado por el estudio Nieto, consideraron que se debería aplicar el artículo 248 del Código Penal, que establece una pena de prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial para el funcionario Público.
El tipo penal se configura con “el abuso”, habida cuenta de que “el ordenamiento legal no le atribuye esa capacidad al funcionario, pues o está prohibida o no ha sido concedida”.
“Resulta claro que el Ejecutivo emitió un decreto sin poder hacerlo y luego utilizó ese decreto para firmar un contrato, que tampoco estaba autorizado a firmar”, sostuvo.
Daño económico
En el final de la presentación, el peronismo señaló que “un análisis aparte merece el perjuicio económico que se produce a una sociedad (Gamsur), cuyo principal capital accionario pertenece a la Municipalidad de Río Cuarto”
“El Ejecutivo por intermedio de un Decreto a todas luces ilegal y arbitrario, hace que se decline el más importante aporte que el Estado Municipal ha tenido con la citada firma, cual es la concesión de un contrato de servicio público que implica exclusividad y monopolio en la actividad prestacional, con el menoscabo que ello genera”, insistieron.
Advirtieron que una eventual revocación de contrato expondría al municipio a enfrentar la reparación por daños económicos de un convenio que superará los 350 millones de pesos.
Los concejales evaluaron que “el perjuicio se advierte a todas luces, dado que el Estado Municipal como principal accionario es el responsable de las pérdidas y malas administraciones que sufra GAMSUR”.
En la denuncia, recordaron que “con esta cesión, COTECRO accede a un contrato con un canon de casi 5 millones de pesos mensuales, actualizado mensualmente”.
“Como contraprestación, COTECRO debe abonarle $ 400.000, sin que este monto sea ajustable ni actualizable. Pero el pago queda condicionado a la inexistencia de reclamos en contra del anterior prestador que incidan directamente sobras las sumas de la cesionaria, lo que convierte al crédito como incierto”, puntualizaron