Por Pablo Callejón
Entre 50 y 60 reclamos diarios. 100 juicios por año en una Cámara. Más de 500 causas en fiscalías penales. 5 mil expedientes por año. Presentaciones en jugados civiles, penales, comerciales, de familia y Laboral. Un solo asesor letrado, las mismas víctimas.
La búsqueda de Justicia para los más humildes es un peregrinar sin santuario. Las reglas del juego son la primer condena. Frente a la oficina de la asesoría letrada se llevan la promesa de que harán todo lo posible, aunque esto resulte insuficiente, burocrático y fastidioso.
En todo el sur provincial un solo abogado y el equipo que lo acompaña deben asumir la defensa de miles. Abogados ad hoc y el aporte parcial de la asesoría de menores actúan como un paliativo insuficiente, la respuesta mezquina de un Estado que expone a los que menos tienen al banquillo del olvido.
Hace meses que el asesor letrado Gerardo Mastrángelo se encuentra de licencia a la espera de su jubilación y la designación de un reemplazante se somete al pesado circuito de formalización que podría resolverse a fin de año ó después de la feria judicial del 2012.
De la dos asesorías quedó solo una, un indicador muy por debajo de las tres que ostentan Villa María y San Francisco, pese a que asisten a jurisdicciones más pequeñas. La aprobación en la Unicameral de una nueva alternativa para Río Cuarto es un aporte necesario pero provocadoramente tardío. Los tiempos políticos y judiciales solo agudizan la pesadumbre de sospechosos, acusados, condenados y demandantes. Todos pobres, claro.
Los que cuentan con recursos tienen la capacidad de embarrar investigaciones, proponer sinuosos caminos de apelaciones e impugnaciones, y recrear complejas estrategias que jaquean la actividad fiscal. Los que nada tienen, quedan expuestos a las buenas intenciones de un asesor desbordado en sus posibilidades de acción.
No es solo producto de la coyuntura. No es casualidad y ni siquiera incapacidad. Es la lógica de una Justicia que define sus prioridades. La igualdad ante la Ley es solo una presuntuosa formalidad cuando ni siquiera se puede acceder a un abogado con tiempos mínimos para la defensa.
Las cárceles están repletas de pobres y las renovadas alcaidías se colman de merodeadores que cargan con la culpa de ser portadores de rostro. La construcción de un nuevo edificio de Tribunales se prioriza sobre la demanda de una Justicia que suma fiscalías al mismo tiempo que se multiplican los hechos impunes.
Las familias sin recursos hacen marchas y cortan rutas como argumento desesperado de sus reclamos. Creen que la presión social puede equilibrar la impune desigualdad.
Quienes pagan altos honorarios exigen la intervención del FBI ó dilatan las causas hasta la prescripción.
La regla del uno para todos solo promueve excluidos con turno de espera. La balanza judicial tiene demasiados sobrepesos y en Tribunales también, la pinta no es lo de menos.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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