ANSES «detectó irregularidades» en el Juzgado Federal de Río Cuarto, Córdoba, que derivaron en un fraude de sumas millonarias en perjuicio del organismo.
El director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, expusieron en una conferencia de prensa los detalles del caso.
El día 10 de marzo de 2011 tuvo lugar una audiencia en el Juzgado Federal de Río Cuarto, en la que se intimó a ANSES –bajo apercibimiento de multas- a que en el plazo de 10 días procediera a dar cumplimiento a las sentencias dictadas en seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero.
Luego de analizar dichos casos, ANSES pudo verificar que la metodología consistía en otorgar, en la ejecución de las sentencias, mayores montos que los conferidos por la sentencia ordinaria de reajuste.
Además, la vía utilizada por el juez Carlos Arturo Ochoa era mandar a practicar una liquidación por medio de un perito oficial que, entre otras irregularidades, no descontaba pagos ya efectuados por ANSES, no determinaba cuál era el haber inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e introducía en la liquidación otros precedentes judiciales que no habían sido otorgados por la sentencia firme. Por lo tanto, incorporaba esos precedentes tardíamente, cuando ya la sentencia había pasado en autoridad de cosajuzgada.
El organismo señaló que «en los casos detectados, se habían trabado embargos por sumas siderales que ya habían sido percibidas por los actores, claramente superiores a las otorgadas por sentencia firme».
De acuerdo al relevamiento efectuado por el servicio jurídico de ANSES y datos proporcionados por el mismo juzgado de Río Cuarto, «existirían allí 1.700 expedientes en estado de ejecución en las mismas condiciones de ilegitimidad y arbitrariedad en perjuicio de la administración».
«Esta situación ameritó la denuncia penal a fin de evitar mayores perjuicios patrimoniales a los ya ocasionados», indicaron desde Anses.
Señalaron que, «para dimensionar la magnitud del daño patrimonial, según datos de la base de embargos del organismo, ese Juzgado ya habría trabado embargo sobre cuentas de ANSES en idénticas condiciones por un monto de $ 60.000.000».
Al respecto, Bossio, titular del organismo, expresó su disconformidad con las liquidaciones presentadas y cobradas, y explicó que «en la etapa de ejecución de sentencia se aplicaron precedentes jurisprudenciales que no fueron otorgados en la sentencia de reajuste firme y la existencia de pagos que no fueron descontados en las pericias, ocasionando así un grave perjuicio al Estado argentino”.
ANSES solicitó la suspensión de plazos procesales por 60 días para rever las probables 1.700 ejecuciones dictadas en las mismas condiciones. Hasta la fecha, el juzgado no hizo lugar al pedido de suspensión de plazos procesales.
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