El doctor José Sagarraga aseguró que presentará la semana próxima una denuncia en la fiscalía General contra el fiscal de Instrucción Walter Guzmán al considerar que recayó en «incumplimiento de los deberes de funcionario público» en dos polémicas causas por desalojo.
Sagarraga aclaró que la decisión es personal y «no en función de la representanción legal del municipio».
El abogado del foro local consideró en diálogo con TD Digital que Guzmán «incumplió con directivas de la fiscalía general al dejar en la calle a padres con hijos con discapacidad y hubo abuso de autoridad»
«La Fiscalía manifiesta que ante la usurpación de una familia con hijos menores, donde la causa estaría vinculada con un origen socioeconómico, se deben arbitrar los medios para evitar que los integrantes queden en la calle. Guzmán carece de sensibilidad para resolver con prudencia la situación y permitir que el municipio derive a los afectados a un lugar seguro. En este último hecho, ni siquiera le dio el tiempo suficiente al Estado para responder el oficio judicial», argumentó.
El primero de los casos que se incorporarán en la denuncia involucró a un hombre de apellido Ojeda que había ocupado una vivienda junto a su hijo que padece hidrocefalía. Según precisó el abogado denunciante, el fiscal no solo determinó el desalojo sino que produjo su detención. Días después, el juez de Control Daniel Muñóz revocó la decisión y le otorgó nuevamente la libertad.
El segundo de los hechos se desarrolló esta semana, cuando Cecilia, una embarazada de 7 meses y sus dos hijos, fueron erradicados de una vivienda que creyeron haber comprado legalmente.
Policías llegaron durante la tarde noche del lunes y quitaron todos los elementos de la familia. Desde hace tres días la mamá y las criaturas -una de ellas tiene un tumor cancerígeno en el ojo- duermen a la intemperie.
Por sugerencia de su abogado, la mujer regresó a la casa ubicada en calle Chacabuco, en una de las villas más empobrecidas de la ciudad y anoche fue nuevamente desalojada. Está a punto de dar a luz y los médicos creen que la tensión a la que está expuesta podría complicar parto.
Estafa S.A.
Cecilia asegura que pagó 6 mil pesos por la precaria estructura a un hombre que aseguró ser el dueño de la casa. El presunto estafador se presentó en la vecinal donde trabaja la mujer y le prometió un negocio «imperdible».
Dos meses después de la firma del boleto de compra y venta y la entrega del dinero, la mujer fue desalojada con sus pertenencias. Otros vecinos del sector también habrían sido damnificados tras abonar cifras que oscilan entre los 3 mil y los 8 mil pesos.
Cecilia creyó que iba a ser propietaria de la vivienda ubicada «sobre terrenos fiscales». La modalidad irregular de venta de parcelas municipales ó provinciales es habitual en las villas, según reconocen desde el municipio.
Sin embargo, en este caso los lotes pertenecería al padre de la abogada Marcela Sereno y el hecho derivó en una acción penal.
La mujer asegura que comprobó la real potestad sobre la tierra después del desalojo y se resiste a reconocer un engaño que la dejó sin hogar y sin dinero.
«No existió delito»
Para el doctor Sagarraga, asesor legal de la subsecretaría de Promoción Social, «no existió delito porque no hubo una usurpación programada y violenta sino una maniobra de engaño a quienes hoy son denunciados».
«La casa no estaba habitada. Quien reclama la vivienda no es la dueña del terreno, sino quien habría construido la estructura», indicó.
Desde la Municipalidad señalan que «se debe respetar la decisión judicial» y solo reclamaron tiempo para que la familiar no quede expuesta a noches sobre un baldío.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar)