Fue votado en forma unánime por los consejeros superiores, a tres años de que se denunciaran en ese mismo ámbito irregularidades por casi cuatro millones de pesos en protocolos gestados por la Fundación para investigaciones destinadas a la CONAE.
El Consejo Superior resolvió por unanimidad solicitar un informe económico y administrativo a la Fundación respecto de lo actuado en el marco de los protocolos de trabajo celebrados con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y pedir a la Tesorería de la Universidad un detalle de lo ingresado por cada uno de esos protocolos.
La decisión llegó a partir de que el consejero Antonio Julián pidió que no se tomara ninguna decisión respecto de la posible disolución de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto hasta que no asuman las nuevas autoridades, rector y vicerrector, luego de las elecciones de abril del corriente año.
“Esta petición radica en la consideración de que esta Universidad ingresa en un proceso electoral de renovación de las máximas autoridades unipersonales y que la Fundación es un órgano de trascendental importancia”, indicó.
Esto es a partir de considerar que entra en vigencia la decisión del Consejo Superior tomada en febrero de 2010, por la cual se resolución rescindir el convenio suscrito entre la Universidad y la Fundación, que tenía vigencia a partir de una resolución de este cuerpo colegiado del año ’94, para lo cual estableció un plazo de un año.
En la oportunidad, el consejero Antonio Julián solicitó que “no se desvincule el convenio entre la Universidad y la Fundación hasta tanto no se entregue y se evalúe el informe económico de la totalidad de los fondos retenidos por la mencionada Fundación”.
Y remarcó: “Existen numerosos motivos para realizar este pedido”, al tiempo que indicó: “En la sesión de este Consejo con fecha del 29 de junio del año pasado, donde luego de una confusa discusión, por no darse el tiempo suficiente para analizar la información disponible, y una votación dividida -9 votos por sumario administrativo, 6 votos por sumario administrativo e investigación económica, más de un millón de pesos; 3 votos por no investigar absolutamente nada y 2 abstenciones- se aprueba hacer sumario administrativo a –Diego- Moitre, -Carlos- Bortis y –Esteban- Carranza. Después de ocho meses, sería apropiado tener algún tipo de respuesta respecto al sumario administrativo”.
“Se observan irregularidades en nueve protocolos de trabajo con CONAE. Por ejemplo se realizaban en todos los casos con una duración menor a doce meses, siendo que su duración, también en todos los casos, fue mucho mayor a ese tiempo. Este procedimiento evade al Consejo Superior, permitiendo la aprobación por el decanato”.