La causa conocida como el “escándalos de los cheques”, tiene como acusados a 14 personas que, con diferentes roles, habrían integrado una asociación ilícita para evadir impuestos. Así lo describe el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, cuando se comenzó la investigación de los hechos por los cuales se acusa, entre otros, a María Pía Cardoso.
Los hechos investigados identifican en la venta de granos en negro evadiendo el pago de la carga tributaria. Para hacer funcionar este “modus operandi”, habrían ocultado al verdadero productor con artilugios como el movimiento físico del cereal y manipulación financiera. “Como primer eslabón de la cadena delictiva se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes mediante la promesa de dinero o de otorgar algún tipo de puesto laboral en ámbito público se los instaba a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas” así lo expresa el Fiscal Federal Carlos Gonella a Telediario.
Estos ‘prestanombres’ se habrían utilizado para suscribir cartas de porte, con lo cual aparecían como vendedores de la producción agraria sin tener vinculación real, y, también, los hacían figurar como supuestos proveedores para aparentar el cumplimiento de exigencias legales. Una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor (prestanombre) el adquirente de los bienes obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal del IVA y la deducción del costo respectivo en Ganancias.
Al utilizarse supuestos proveedores monotributistas, podían evadir los regímenes de retenciones impositivas, ya que estos sujetos no resultaban alcanzados por carecer de solvencia económica.Para cerrar el circuito habrían emitido una serie de cheques por montos inferiores a $50 mil, a nombre también de los falsos ‘monotributistas’. Los terminaron cobrando,con intermediación de entidades crediticias o dedicadas a negocios financieros, otras personas físicas o jurídicas.
Alrededor del 2007, María Pía Cardoso se desempeñaba en el área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto.El contacto con personas de escasos recursos le habría servido para “reclutar” (así lo describió el juez Ochoa) a personas de escasa instrucción y situación económica apremiante, con la colaboración de Claudio Fabián Giles y Vanesa Romina Moyano. El productor agropecuario era Atilio Omar Mengo, quien se desempeñaba como presidente del directorio de FLG Agropecuaria SA y Soybeans SA. Sus hijas, Francina y Luisina, por su parte, figuraban como presidenta o directoras de las mencionadas sociedades.
