El presidente Alberto Fernández anunció, este lunes, la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, dijo que con esta decisión la Argentina está «dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.
El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.
«Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción», explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El anuncio causó gran polémica entre la ciudadanía y la oposición respecto a los beneficios reales que esta medida puede traer para el país. Sobre este tema dialogamos en Telediario con el economista Carlos Seggiaro, quien venía estudiando los posibles frentes de la cerealera Vicentín desde que anunció la crítica situación financiera que atravesaba, y señala, que esta decisión del gobierno es acertada, ya que busca “evitar que una empresa muy importante en el mercado agropexportador quedé en manos de empresas multinacionales, minimizando así, la posibilidad que haya un oligopolio controlando el comercio de granos, harinas y aceites en función de sus intereses y no a favor de los productores del país”.
