* Por Pablo Callejón
Las peticiones se redujeron a una formalidad burocrática de rechazo. El juez Emilio Andruet ya firmó más de 80 negativas y otras 40 peticiones parecen aguadar el mismo resultado. En Río Cuarto no hay nuevos casos de Coronavirus desde el pasado 10 de abril y en la Justicia riocuartense minimizan el riesgo un contagio en el interior de la Cárcel. El protocolo del Servicio Penitenciario impide el ingreso de visitas desde el inicio de la cuarentena y define un plan preventivo para el control de la población carcelaria y los responsables de seguridad. En el esquema de acción se incluyen “análisis diarios” de la temperatura de los reclusos y “procedimientos estrictos” para el ingreso de mercadería desde el exterior. Además, el penal sumó una carpa sanitaria para contener casos leves que pudieran surgir en medio de pandemia. Las medidas que fundamentan las negativas judiciales no convencen a los presos que intentan visibilizar el malestar creciente en el interior de las celdas. Allí conviven sometidos a “las condiciones de siempre”, con pabellones que favorecen a la humedad y el hacinamiento. Nadie detrás de las rejas accede a mejores elementos de higiene y prevención, mientras la televisión los abruma de noticias sobre la expansión del virus.
Andruet advirtió que las prisiones domiciliarias “surgen como un beneficio al que puede acceder el detenido” pero aclaró que “no es de aplicación obligatoria”. Al menos hasta ahora, tener más de 70 años, padecer patologías pulmonares o contagio de HIV no han sido justificativos suficientes para revertir las negativas a las prisiones domiciliarias en tiempos de Coronavirus. Desde el interior de la Cárcel, los reclusos aseguran que el protocolo oficial no se cumple y piden que una nueva instancia judicial revise sus peticiones. Presos que se comunicaron con Póster Central advirtieron sobre “falta de medidas de higiene y protección de los guardiacárceles” y un manejo “negligente” de los elementos que ingresan al viejo edificio de la avenida Sabattini. “No es verdad que toman la temperatura todos los días. Acá los agentes se mueven como si nada, sin barbijos ni guantes. Se ponen una máscara cuando ingresan a las celdas y después andan por el pasillo central como si nada. Lo que han hecho es duplicar los guardias para evitar que haya un motín y nunca negarte pastillas para que vivas dopado”, resaltó un recluso. Precisó que “si tenés un dolor o enfermedad podés cansarte de llamar a enfermería que no te escuchan; a lo sumo te toman la presión y te hacen firmar que fuiste atendido”. Otro de los detenidos sostuvo que reciben “un bidón de lavandina de 20 litros cada 7 días para limpiar los baños del pabellón, pero no hay jabón”. Admitió que no tienen contacto con los familiares y se comunican a través de llamadas telefónicas con una tarjeta de 200 pesos que entregan por mes a cada interno. Esta fue una de las primeras medidas del Servicio para evitar que puedan ingresar casos al penal.
La noticia sobre el femicidio de Sandra Benítez en manos de Gustavo Di Matteo en Buenos Aires fue uno de los ejemplos de la manipulación mediática para instaurar un estado de temor y rechazo hacia un supuesto plan masivo de prisiones domiciliarias y excarcelaciones. En realidad, Di Matteo había sido liberado en octubre del año pasado. En otro episodio, se informó sobre la detención de un hombre que había robado en un local en Caballito y que horas antes, había sido supuestamente liberado para prevenir el contagio de Covid 19. La resolución judicial desmintió fake news. El sospechoso, Federico Bembenuto tenía un problema de salud mental y esto motivó el cese de la prisión preventiva. El presidente Alberto Fernández debió salir a aclarar en su cuenta de Twitter que el Gobierno no impulsaba excarcelaciones y apuntó a una “campaña mediática malintencionada”. La Ministra de Justicia Marcela Losardo ratificó la posición del mandatario y resaltó que “nadie está de acuerdo en sacar a violadores ó asesinos”.
El mensaje de organizaciones feministas y del propio ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, alertando sobre eventuales libertades para femicidas y detenidos por violencia, fue una clara advertencia de la preocupación y malestar que generan los permisos para detenciones domiciliarias. En momentos de altísima adhesión al Gobierno nacional por sus políticas para enfrentar la pandemia, la compleja situación de cárceles federales y provinciales incluyó un factor de fuerte irritación social. La tensión por el hacinamiento y las condiciones de salubridad convierten a los penales en una bomba de tiempo en el país y en el mundo. Incluso en los países desarrollados que impulsan excarcelaciones de presos que no supongan riesgo de peligrosidad. Los privados de la libertad sin condena firme y los que aún no tuvieron un juicio oral que determine su responsabilidad penal, son parte del debate inconcluso sobre el contexto penitenciario en tiempos de Coronavirus. También la realidad de quienes tenían salidas transitorias que fueron revocadas para evitar la circulación de personas en medio del aislamiento social.
La incapacidad del Patronato del Liberado en Córdoba para hacer un control exhaustivo y permanente de las prisiones domiciliarias incorpora otro factor que antecede al conflicto generado por el Coronavirus. El fiscal federal Carlos Gonella consideró que “en la Provincia no hay una situación de hacinamiento como en Buenos Aires, donde existen 46 mil internos recluidos en espacios para 23 mil presos”. Hasta el 29 de abril, entre más de 400 perdidos para salir de las cárceles, solo se aprobaron tres.Con aval político, la Justicia cordobesa desestima el riesgo de contagio dentro de los pabellones y apunta a consolidar espacios preventivos ante un eventual ingreso de la pandemia. En Río Cuarto, la carpa sanitaria albergaría a unos 50 internos con síntomas leves. Hasta el momento, ningún testeo dio positivo y este elemento parece ratificar la decisión judicial de no incluir al Covid 19 entre los motivos para las prisiones domiciliarias. Un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) fue clave para delimitar la posición de los jueces que deben resolver sobre cada caso. Los magistrados Sebastián López Peña, Aída Tarditti y Maria Marta Caceres de Bollati negaron la prisión domiciliaria para el preso del penal de Bouwer Sergio Orlando Tapia, quien padece diabetes II, obesidad, hipertensión, retinopatía y es insulino dependiente. En los fundamentos apuntaron al “Protocolo de Atención –Covid 19 para Establecimientos Penitenciarios” dictado por el Ministerio de Salud. Consideraron que “las medidas resultan apropiadas para afrontar la situación extraordinaria, que tienen como única finalidad proteger a la población carcelaria del posible ingreso del virus”. Los jueces advirtieron que “la enfermedad no habilita per se el encierro domiciliario, sino que la ley autoriza esta excepcional modalidad en aquellos casos en que a la afección de la salud se suma un plus, consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario”. Convencidos de la efectividad preventiva y asistencial en las cárceles, desde el Tribunal Superior sellaron la suerte de nuevos pedidos y ratificaron que el Coronavirus no será el motivo para que los presos puedan abandonar los penales cordobeses.