En el marco de la demanda de la multinacional Monsanto contra el municipio de Río Cuarto, que prohibió el desarrollo de una planta de experimentación de semillas sobre ruta 8, este miércoles declararon el ex defensor adjunto Nelso Doffo y la periodista Lucía Maina.
«En relación a las apreciaciones de especialistas, que es la nota que ahora toma la Justicia, plantea la invalidez del estudio de impacto ambiental de Monsanto porque la planta ya estaba construida al momento de presentar ese estudio y es lo que los especialistas plantean que directamente invalida el proceso», comentó Maina.
Por otro lado, mencionó «muchísimas falencias técnicas concretas como el tipo de semillas a utilizar, los agroquímicos que se iban a aplicar y el impacto que esta planta hubiera tenido en relación a los alrededores de Río Cuarto porque al ser un centro experimental de semillas, las semillas producidas en ese lugar después iban a ser aplicadas en campos, más de 200 kilómetros a la redonda de Río Cuarto», explicó.
Otra de las que habló con Telediario fue la Dra. Lucía De Carlo, integrante de la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos, quien afirmó que están evaluando la posibilidad de presentar «un recurso novedoso que se llama Amicus Curiae», el cual les permite expresar su parecer como miembros de la sociedad civil y poder manifestarle a la cámara lo que piensan al respecto.
«Hemos avanzado en cuanto a conciencia ambiental y en considerar que tenemos que cuidar más el medio ambiente. Creemos que vamos a tener el acompañamiento de toda la sociedad para que Monsanto no se instale», aseguró De Carlo.
Desde Río Cuarto sin Agrotóxicos señalaron que en el 2013, Monsanto no pudo llevar a cabo su proyecto de instalar una planta en la ciudad «gracias a la movilización social y a las denuncias presentadas por especialistas, instituciones, universidades y organizaciones sociales sobre graves irregularidades en el estudio de impacto ambiental, en la violación de normativas vinculadas a la construcción de la obra y en los impactos socioambientales derivados de su actividad».
«La multinacional pretendió desestimar la licencia social e ignorar y violar las leyes nacionales, provinciales y locales, en un marco de grandes movilizaciones globales en su contra», indicaron desde la organización ambientalista.
Luego, añadieron: «El repudio a la multinacional radica en los efectos en la salud y el ambiente que generan sus productos utilizados utilizados en el modelo agroindustrial transgénico, especialmente el glifosato marca Roundup. Actualmente Monsanto suma 11200 juicios en su contra por causar cáncer y otras enfermedades en las poblaciones expuestas al veneno y es el principal responsable del deterioro ambiental, de la concentración del mercado alimenticio y de la expulsión de comunidades campesinas e indígenas, entre otros impactos derivados del modelo de producción»
«La visibilización del accionar ilegal de la multinacional y las movilizaciones sociales en contra de la presencia de Monsanto en la ciudad, llevaron al ex intendente Juan Jure a prohibir por decreto la instalación de la planta, basándose en la ilegalidad del estudio de impacto ambiental y a los fines de garantizar la paz social. Ante esto, la empresa inició una demanda de “ilegitimidad” que considera como “arbitrario” dicho decreto, encontrándose en proceso un juicio que implicaría el pago de sumas millonarias por parte del estado municipal en caso de que la justicia falle a favor de la empresa», subrayaron.
Desde la Ong, ratificaron «el NO a Monsanto en Río Cuarto y la decisión discrecional del ex intendente Juan Jure fundamentada en la Ley de Ambiente de rechazar la instalación de la planta experimental, cumpliendo así con la ley y acatando la voluntad popular»