Tras la aprobación en el Senado del proyecto de registro de deudores alimentarios, la doctora Natalia Cinto, abogada del Foro local, sostuvo en diálogo con el programa Póster Central de FM Gospel «se busca crear una base de datos a nivel nacional»
El proyecto tiene como objetivo brindar una solución definitiva al problema social generado por los padres que, por alguna razón y luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios a sus hijos.
«Es importante que todas las provincias y entidades financieras adhieran para que se logre la efectividad. Lo central es no perder de vista quienes son los destinatarios de la cuota alimentaria. Si hubiese un cumplimiento no necesitaríamos tantas leyes», enfatizó.
Cinto resaltó que «aún en los casos en los que hay acuerdo, a veces el padre no cumple y todos los progenitores tienen la obligación en la manutención de sus hijos»
«Es fundamental que cumplan»
El exvicepresidente de la nación Julio Cobos, impulsor de la iniciativa explicó que “aprobamos el proyecto para la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, para asegurar el cumplimiento efectivo de las prestaciones alimentarias fijadas. Esta ley busca asegurar la eficacia de las disposiciones judiciales respecto a los padres que no cumplen con sus obligaciones. Es fundamental que cumplan con sus hijos y no recurran a artilugios legales para eludir sus responsabilidades”.
“Con la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM), quedarán inscriptos los deudores alimentarios morosos; es decir aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente, de prestar alimentos a hijos o familiares. Toda persona obligada al pago de cuota alimentaria que se encuentre en mora por falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas intimada judicialmente, será anotada en el Registro. Será necesario no estar en este registro para poder, entre otras acciones: abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado”, precisó.
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