Con esto, el país se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta u$s 3.000 millones en el juicio que mantiene con el fondo Burford.
La Corte Suprema de los Estados Unidos le dio un duro revés a la Argentina al desestimar el pedido para que una demanda por la estatización de la compañía YPF se resuelva ante los tribunales argentinos al confirmar la jurisdicción estadounidense, según consigna la agencia Bloomberg.
Con esto, el país se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta u$s 3.000 millones en el juicio que mantiene con el fondo Burford. Así, el expediente volverá al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York, heredera de Thomas Griesa, verdugo en el juicio que había iniciado anteriormente el “buitre” Paul Singer.
La situación se generó el 22 de mayo pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump, a través del procurador federal Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue al país por la manera en que se reestatizó la petrolera, permanezca en los tribunales norteamericanos. La Argentina sabe de qué se trata: es lo que ya ocurrió en el “juicio del siglo” que el país perdió contra los holdouts y fondos buitre durante la segunda gestión de Cristina Fernández.
La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EEUU y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y liquidar el pasivo que deje la causa. Sin embargo, el solicitor general no sólo emitió su opinión negativa en mayo (algo que Argentina descartaba), sino que además lo hizo de manera rápida y contundente. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen.
El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión. El gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. No pudo ser. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar el país. Curioso destino el de la gestión de Macri, que terminará este mandato como lo comenzó: negociando con acreedores por la manera en que se manejaron las finanzas y las reestatizaciones.