Por Pablo Callejón
En las redes sociales la búsqueda parece una súplica. Como en los clasificados del diario, las familias intentan hallar un lugar barato, sin demasiados requisitos formales y que pueda contenerlos ante la imposibilidad de ser propietarios. El miedo al desalojo, a no poder pagar el costo del alquiler, se multiplica en cientos de familias. El mandato cultural de clase media, que nos impulsaba a priorizar el lugar donde vivir sobre cualquier otro proyecto, contrasta con una crisis que se lleva puesto todos los sueños. Los bancos están vacíos, nadie consulta por tasas que resultan impagables y el negocio financiero se reduce a un juego de apuestas que el Estado nacional reproduce como una ruleta rusa.
Según datos del Instituto Municipal de la Vivienda de Río Cuarto, 8 de cada 10 personas que solicitan asistencia ni siquiera pueden abonar la boleta de luz y gas. Por la conflictividad social, se reduce el pedido de materiales para construir y crece el temor por un eventual desalojo. En lo que va de mayo, el organismo recibió 213 consultas y del total, 35 afectados reclamaron subsidios para enfrentar los costos del alquiler. En promedio, una familia riocuartense por día pide ayuda al municipio para evitar ser desalojada.
Con salarios bulímicos y la suba en el costo de los servicios, el precio de los alquileres significó la embestida final. Los valores mensuales de los departamentos de un dormitorio rondan 6 mil pesos y los de dos habitaciones, ya superan los 8.500 pesos, según reveló la Cámara de Inmobiliarios. Al monto se le debe incluir el costo de las expensas y la cochera, con un precio estimado de 1.500 pesos por mes.
En el último año, los alquileres aumentaron un 35 por ciento y el aporte mensual equivale al 0,2 por ciento del valor total del inmueble.
Si resulta muy difícil convertirse en inquilino, la opción de comprar un inmueble trasciende en una utopía. En 2018, los operadores inmobiliarios reconocieron una caída en la venta de casas y departamentos del 40 por ciento en Río Cuarto.
Construir una vivienda de clase media de 65 metros cuadrados puede costar hasta 2 millones de pesos, según datos del Colegio de Arquitectos de Córdoba. El valor de edificación se elevó un 42 por ciento en un año y el metro cuadrado roza los 30 mil pesos.
La inflación, la inaccesibilidad al crédito, la pérdida de poder adquisitivo y la escasa oferta de planes del Estado nacional, derrumbaron los índices de construcción y aumentaron el desempleo en el sector.
Los ladrillos se revelan como un documento de la evolución de la economía argentina. En 2007, en pleno boom de la actividad, se edificaron más de 230 mil metros cuadrados en Río Cuarto. La cifra creció a 300 mil en 2008, según datos de la secretaría de Obras Públicas. Tras la crisis del campo por la 125, los productores sojeros dejaron de invertir en nuevos edificios y los números se desplomaron a solo 129 mil metros cuadrados. El crecimiento regresó a partir del 2011 y alcanzó un nuevo pico en 2014, con 274 mil metros. Durante la presidencia de Mauricio Macri, hubo una fuerte alza en 2017 que hizo revivir el auge de la década pasada, aunque el año pasado se registró un nuevo desplome que redujo la construcción a 190 mil metros cuadrados.
Sin datos oficiales sobre la cantidad de beneficiarios en Río Cuarto y la región, el plan PROCREAR y los créditos UVA derivaron en una opción inviable en medio de tasas de interés altísimas y un marco inflacionario superior al 50 por ciento anual. Según un relevamiento del diario Clarín publicado en diciembre de 2018, la cuota comenzó a triplicar el costo de un alquiler y las ventas inmobiliarias se redujeron abruptamente.
En plena campaña electoral, la Provincia lanzó la convocatoria al plan de 25 mil créditos para viviendas que busca reactivar las operaciones inmobiliarias y la construcción. A Río Cuarto le adjudicarían 2 mil unidades, según la estimación oficial. Las inscripciones se extendieron hasta el 15 de junio y la demanda es alta debido a la escasa oferta. El Gobierno cordobés apunta a favorecer a sectores de ingresos bajos y medios con una tasa subsidiada. La inversión total sería de casi 21 mil millones de pesos en los próximos 5 años.
En la ciudad, el único programa en marcha es la demorada iniciativa municipal para clase media. En la gestión del intendente Juan Manuel Llamosas se entregaron 300 viviendas y hay otras 120 en construcción. Por la crisis económica y el descontento con la calidad de las unidades inauguradas durante el gobierno de Juan Jure, la morosidad alcanza al 40 por ciento de los adjudicatarios.
El consejo de los abuelos que nos sugería comenzar cualquier proyecto familiar en la seguridad de la casa propia se redujo a cenizas. La crisis no logra tocar fondo después de 11 meses de retracción económica y se profundiza la tormenta perfecta de inflación, caída del salario y recesión. Los trabajadores argentinos ya destinan un 40 por ciento de sus ingresos para pagar el alquiler, según un informe de la Federación Nacional de Inquilinos. El estudio reveló, además, que más del 70 por ciento de los consultados cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia.
La historia de la debacle, que en medio de la conflictividad social, atormenta desde la advertencia de un aviso de desalojo.