“Será simplemente una respuesta mediática y demagógica frente a una comunidad movilizada por la inseguridad”, afirmaron.
PRENSA UNRC – El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto emitió un comunicado en el que se opone al anteproyecto de Responsabilidad Penal Juvenil y afirma que “es necesario correr el eje de discusión sobre la baja de edad de imputabilidad, dado que los adolescentes de 14 y 15 años son, en su mayoría, víctimas y no victimarios de las acciones de los adultos”.
A continuación, el documento:
El Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el anteproyecto de ley de “Responsabilidad Penal Juvenil”, que fue girado al Congreso para su tratamiento. El anteproyecto pretende instalar nuevamente el debate destinado a incorporar al sistema penal a los y las adolescentes dando una respuesta represiva que se asienta en una simplificación de una problemática compleja.
Este hecho es el que nos impulsa a generar un espacio de análisis y reflexión para compartir nuestra posición al respecto.
El proyecto que presenta el Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación prevé un sistema de escalas que establece que, para delitos graves, se es penalmente responsable desde los 15 años, lo cual no tiene precedentes. Estipula, además, que para delitos que prevén penas más leves se es penalmente responsable desde los 16 a los 18.
Siguiendo la lectura de un sin número de especialistas de diferentes disciplinas, consideramos que es necesario correr el eje de discusión sobre la baja de edad de imputabilidad, dado que los adolescentes de 14 y 15 años son, en su mayoría, víctimas y no victimarios de las acciones de los adultos. En este sentido, recurrir a la ley penal y al sistema penal, aun proponiendo su reforma, es un atajo que no se traduce directamente en una disminución de los delitos que quieran evitarse. Será simplemente una respuesta mediática y demagógica frente a una comunidad movilizada por la inseguridad.
Para los chicos menores de 14 y 15 años, es preciso desarrollar nuevas políticas públicas de protección y concreción de derechos que hoy no existen, NO A TRAVÉS DEL SISTEMA PENAL. Tal como manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la existencia de niños, niñas y adolescentes ligados a grupos delictivos es consecuencia de la carencia de medidas por parte del Estado que garanticen los derechos de los mismos y los proteja frente a diversas vulneraciones de sus derechos, de la exclusión y de la violencia.
Diseñar y poner en marcha un dispositivo eficaz que permita avanzar en la prevención del delito en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26061), implica una Política Pública Social orientada al acompañamiento real en el territorio, en articulación con las fuerzas de seguridad, de la justicia y la comunidad. Resulta imprescindible desarrollar políticas de inclusión social y educativa en los barrios de mayor vulnerabilidad social para prevenir la comisión de delitos.