PRENSA UNRC – Se encuentra en su etapa final la elaboración del Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia y discriminación de género de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Así se desprende de un informe que las docentes Bibiana Pelliza y Claudia Harrington, junto con la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Mirta Aromataris, presentaron en el Consejo Superior de la UNRC.
El borrador de este Protocolo de Acción será sometido a discusión en la Mesa de Género del Observatorio de Derechos Humanos, donde se hará la redacción final, y después será presentado ante los consejos directivos de las facultades y el Consejo Superior, como un plan que oriente futuras acciones institucionales sobre esa problemática.
El equipo que trabajó en esta propuesta analizó, previamente, los protocolos de varias universidades nacionales, como las de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Martín, Arturo Jauretche, Comahue, Avellaneda, Entre Ríos, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia San Juan Bosco, José C. Paz, Quilmes y La Plata, entre otras.
Expresaron las docentes en el informe: “Ya se dispone del borrador del Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e intervención ante situaciones de violencia y discriminación de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a ser discutido en los próximos días por la mesa encargada de su redacción y posterior presentación ante este Consejo Superior así como un plan de acción que oriente las futuras actividades”.
El Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC presentó este martes un informe al Consejo Superior referido a las actividades del año en relación con las problemáticas sobre violencia de género en la Universidad.
Allí destacó la integración de un equipo de trabajo con el objetivo de elaborar un Protocolo de Intervención para situaciones de violencia de género, en cuyo marco se conformó una mesa compuesta por representantes de las cinco facultades, de las organizaciones gremiales universitarias (AGD, ATURC, FURC), de la Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo y la participación de las organizaciones sociales Mumalá y Ni Una Menos. Además, se sumaron responsables de las secretarías de Trabajo y de Bienestar.
Señala el informe que, entre la actividades consensuadas, se llevó a cabo un relevamiento sobre situaciones de violencia de género que “permitiera disponer de un diagnóstico a partir del cual desarrollar un plan de acciones, siguiendo los lineamientos de la ONU y entendiendo que el disponer de datos e información accesibles, fiables y amplios, así como de indicadores comunes con otras instituciones similares, permitiría avanzar de manera sistemática en contra de este flagelo social a través de la información, formación, prevención y eventualmente la sanción de estas conductas en el ámbito universitario”.
Las profesoras Pelliza y Harrington, quienes suscribieron este informe junto con la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Mirta Aromataris, indicaron: “Estamos convencidas de que un análisis profundo y una comprensión clara de la dimensión de la violencia contra la mujer prevalente en la institución, incluidas sus causas fundamentales, sus diferentes manifestaciones y tipos permitirán crear los instrumentos necesarios para poder concebir respuestas eficaces, adecuadas y aceptables con y más allá del mismo protocolo”.
El plan de acciones está en marcha
Comentaron que en las reuniones del equipo de trabajo se acordaron cuatro ítems considerados fundamentales en el relevamiento, tales como “las vivencias o conocimiento de lo que se percibe como situaciones de violencia contra la mujer en el ámbito universitario”, “la cuantificación de denuncias o exposiciones relativas a lo que se percibe como violencia contra la mujer en el ámbito universitario”, “la conciencia de violencia contra la mujer en la vida universitaria cotidiana” y “el conocimiento de normativas vigentes en relación a violencia contra la mujer”.
Detallaron las profesionales que, en esta línea, se elaboró un plan de trabajo que consistió en el establecimiento de las bases conceptuales del relevamiento, sus objetivos y la construcción del modelo de encuesta, su instrumentación y posterior procesamiento de datos.
Afirmaron: “Hoy la encuesta está en marcha; todos los miembros de la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen garantizado a través de la misma su derecho de manifestar sus vivencias, sus conocimientos y, en muchos casos, descubren que en nuestra Universidad ya hay antecedentes marcos jurídicos relativos para el tratamiento de estas situaciones a través de la Resolución del Consejo Superior 402 de 2014. Tampoco perdemos de vista lo que falta por hacer en relación a estudiantes y graduados, pero una lectura preliminar permite afirmar que el plan de acciones está en marcha”.
Red institucional del CIN
También precisa el informe que, paralelamente, la UNRC participa activamente en la Red Institucional del CIN por la Igualdad de Género y en contra de las Violencias. Dice: “Desde el mes de mayo del presente año es parte del Comité Ejecutivo de dicha red junto con la Universidad Nacional de Rosario, representando ambas instituciones a las universidades de la Región Centro del país. En esta línea se está trabajando en la organización de una reunión de todas las universidades de esta región a los efectos de intercambiar experiencias, realizar una clínica de casos y elaborar criterios comunes en relación a género que articulen políticas universitarias en relación al tema”.
Se destaca, asimismo, el dictado de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género, que finaliza en diciembre de este año, y que nace de la propuesta de la Red de Universidades Públicas y Privadas por la No Violencia de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
Las profesionales Aromataris, Pelliza y Harrington subrayaron: “Junto con nosotras, trabajando a la par, está un grupo de personas que silenciosamente brinda horas de trabajo, esfuerzo e ideas para construir una comunidad libre de violencias de todo tipo: nodocentes, estudiantes, personal que trabaja en el Observatorio de Derechos Humanos, funcionarios comprometidos y preocupados y especialistas en distintas disciplinas que nos brindan sus saberes para construir los instrumentos necesarios, las miradas pertinentes sobre las especificidades de nuestra Universidad y de cada espacio de la misma. Porque no se trata solo de tener un Protocolo; más bien se trata de tener el Protocolo pertinente y viable a nuestra institución y el Plan de Acciones correspondiente, enmarcados en el respeto a la normativa vigente a nivel nacional y a las convenciones internacionales que las guían fundamentadas en los Derechos Humanos”.