En las redes sociales, se multiplican las adhesiones al reclamo #Esfemicidio, en el último tramo del juicio con jurados populares a Juan Ramón Villar, acusado por el femicidio de Camila Carletti. Este jueves, se conocerán los alegatos y el veredicto. Graciela, la mamá de la víctima, también publicó una foto con la campaña.
Integrantes del colectivo Ni una Menos se convocaron frente a Tribunales para «defender la acusación de femicidio» en el juicio a Juan Villar por el asesinato de Camila Carletti. La protesta fue a las 10, poco antes de la reanudación de las audiencias, según precisó Silvia Alcoba, una de las impulsoras.
«Las culpas» de Camila
* Por Pablo Callejón
El fiscal Julio Rivero afirmó en la primera audiencia del juicio a Juan Villar, que un “cóctel de droga y prostitución -que padecía Camila Carletti- la llevó a la muerte”. Para quien debe impulsar la acusación, el violento final de Camila se explica en su dolorosa historia personal, en lugar de apuntar a la decisión criminal de un peón enfurecido con la joven y decidido a asestarle una puñalada, atarla de pies y manos y arrojarla a un arroyo.
El funcionario judicial, molesto con la calificación de femicidio, les advirtió al jurado popular y a los magistrados técnicos que “han sido llamados para impartir Justicia, no para ser vengadores de Camila Carletti, ni para asumir la piedad de este peón rural con una historia durísima»
En su alocución, inmersa en gestos enfáticos de enojo, Rivero apuntó a las experiencias de Camila en la adicción y el trabajo sexual como causales de su abrupto final y pareció que actuaría como un atenuante en la condena “a ese muchacho” su “historia durísima”.
La estructura argumental del fiscal provocó indignación de Graciela, la mamá de la víctima, que lo acusó de “machista”. También confirmó las sospechas de la abogada Rosa Sabena sobre “el engaño” al que había sido sometida. La querellante aseguró que le había anticipado a Rivero su estrategia acusatoria, confiada en que defendería la figura del femicidio en el juicio.
El peón rural correntino Juan Ramón Villar tenía 28 años cuando asesinó a Camila. Desde hacía 4 años vivía en Adelia María y trabajaba en el establecimiento rural El Trébol, donde residía con su pareja y sus dos hijos. Según describió el fiscal de Instrucción Javier Di Santo, quien asumió la causa tras el ascenso de Walter Guzmán, el 1 de septiembre de 2016, Villar se contactó a través de Facebook con Camila para acordar “un encuentro sexual un día después, a cambio de dinero”. El 2 de septiembre, el femicida y su víctima se encontraron en un camino rural cerca del cementerio del pueblo. La joven había llegado en bicicleta y Villar lo hizo en un tractor de su empleador. Desde allí, se trasladaron hacia el predio donde trabajaba el peón y tuvieron relaciones. Para Di Santo, “por circunstancias del momento ligadas al acuerdo económico pactado y a la posibilidad de que la joven revelara la relación”, Villar tomó un cuchillo que llevaba en su cintura y apuñaló a Camila en el cuello. Luego, la ató de pies y manos y la arrojó al arroyo. La ropa y la bicicleta de la víctima fueron colocadas en un pozo de basura para ocultar las pruebas y las zapatillas John Foos negras fueron arrojadas en un camino lateral.
El cuerpo fue hallado 10 días después, a unos dos kilómetros aguas abajo del puente existente en el camino rural por el que se condujeron.
En su declaración ante el fiscal, Villar reconoció haberla asesinado y dijo que “se alteró” porque Camila le pedía más dinero y lo habría amenazado con hablar con su mujer. Aseguró que no recuerda nada de lo que pasó tras la discusión y que solo pudo advertir sus manos manchadas de sangre. Según Villar, la tarde en que se convirtió en asesino “se nubló todo” en su memoria.
El viernes del femicidio, Graciela esperaba a su hija para cenar. Camila le había prometido que regresaría por la noche para repartir unas empanadas entre los clientes del pueblo. La joven nunca volvió y en la mañana del sábado, la madre hizo la denuncia policial por su desaparición. Cuando la Justicia logró acceder a los mensajes de la víctima en Facebook con “Bryan” Villar, el homicida ya no estaba en el pueblo. Se había trasladado con su familia hacia Río Cuarto y desde allí partió hacia Corrientes. Al bajar en la estación terminal de la ciudad donde nació fue detenido por efectivos que habían sido alertados por la Justicia riocuartense.
El fiscal Di Santo decidió llevar a juicio al asesino con la imputación de homicidio simple y resaltó que “la exigencia dineraria que involucraba revelar el secreto de la relación a la esposa de Villar fue disparador y único detonante de la decisión de dar muerte a la fémina”.
Con ese argumento, Di Santo consideró que “ha quedado suficientemente probado, que no hubo otra representación vinculada a una sobrevaloración del sexo masculino, ni un estado de vulnerabilidad particular que excediera lo meramente físico, ni como se dijo, plasmado en un odio o menosprecio de la condición de mujer”. Para el fiscal, no hubo violencia de género.
Rosa Sabena se opuso a la resolución y pidió la calificación de femicidio. “No se trata de una caza de brujas sino de una ideología que influye transversalmente en la acción de matar”, aclaró.
Rosa sostuvo que “la prostitución, aun siendo libremente ejercida, es uno de los mayores actos de cosificación” y alertó que “si Camila hubiera sido amante de su homicida, no tendríamos dudas de que se trata de un caso de femicidio”.
La resistencia de la Justicia a aplicar la figura del femicidio se revela en las estadísticas oficiales. Según datos de la Corte Suprema de Justica, en 2017 hubo 273 víctimas en el país por muertes violentas. La tasa de femicidios es 1, 1 cada 100 mil mujeres, al igual que en el 2016. Del total de casos, solo el 48 % de las imputaciones contempló la violencia de género como agravante.
La figura del femicidio se aplica en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal, modificado en 2012. El primero es el agravante por violencia de género y el segundo, cuando se trata de crímenes cometidos con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación.
Entre los 259 imputados, un 75 por ciento, tenían entre 18 y los 44. Se trata de hombres que crecieron en medio de la rebelión feminista simbolizada en Ni una menos pero no modificaron su matriz cultural machista. Además, 17 de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad estatal ó privada.
En Córdoba, fueron 94 los asesinatos perpetrados por hombres por razones asociadas a la violencia de género en Córdoba, entre 2013 y 2017, según un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Córdoba (TSJ). En 24 crímenes, la causa judicial se extinguió por el suicidio del imputado tras cometer el crimen.
También en la Provincia, los índices de imputación por femicidio se ubican en el 47 por ciento, mientras que en un 42 por ciento se fundó la condena en otros agravantes.
«El fiscal es el abogado de la sociedad, no es el justiciero. Estamos para procurar la verdad real, material e histórica de lo sucedido entre el 1 de septiembre y el lunes 12 de septiembre de 2016 cuando Camila Carletti es encontrada sin vida en el Arroyo Santa Catalina», afirmó Rivero, convencido en que la figura del femicidio sería un acto de ajusticiamiento ó venganza por la muerte de Camila y no la consecuencia judicial por el accionar de Villar.
El próximo 8 noviembre, el jurado popular resolverá la participación del imputado y los jueces técnicos definirán la calificación y la pena para el peón correntino que se excusó sobre el crimen al señalar que estaba alterado.
La bandera del femicidio ganó las calles antes que los estrados tribunalicios. En medio del intervalo del juicio, Graciela Carletti regresó a su pueblo en soledad, con los ojos irritados por el llanto y la impotencia de sentir que ella y su hija fueron juzgadas y revictimizadas en la sala de audiencias. El mismo lugar donde pudo ver por primera vez el rostro del asesino de Camila y escuchó decir que fue su hija quien se condujo al destino irremediable de la muerte. Así de cruel.