El Observatorio de Derechos Humanos advirtió que «muchas de las medidas en contra de la universidad pública no parecen políticas, son recortes financieros»
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Las universidades nacionales hoy están atravesando una grave crisis. Con un atraso en la transferencia de fondos de tres meses de gastos de funcionamiento y lo correspondiente a programas especiales, por un total de $25.885.658. El presupuesto vigente aprobado para el 2018 fue reducido en 3000 millones de pesos y afectado por una devaluación del aproximadamente 40%, lo que evidencia un claro recorte en la Política presupuestaria universitaria. Esto no permite tener una perspectiva clara de funcionamiento y con programas de investigación, voluntariado, extensión y expansión territorial que han sido recortados o, directamente, cerrados.
Otro de los datos preocupantes, es la situación de los trabajadores de las Universidades, que frente a un 16% de inflación en lo que va del año, han obtenido en el caso del personal no-docente un 15% de incremento salarial, y los docentes con una paritaria que aún no cerro, sólo un 5%. Como consecuencia de la paralización de las negociaciones salariales por parte del gobierno nacional, los gremios han determinado no comenzar las clases en este segundo cuatrimestre, convirtiéndose este hecho en una consecuencia más del desfinanciamiento universitario.
Los funcionarios del gobierno intentan justificar estas políticas de ajuste económico con argumentos falaces, que tienden a difundir en el imaginario colectivo la idea de que en las UUNN se mal gastan los dineros públicos. Ello mediante el acuse de corrupción en el funcionamiento de los programas especiales (planes de mejoramiento, voluntariados, investigaciones) tendiendo a desarticular las funciones que tiene la Universidad.
En primer lugar, es preciso señalar que la mayor parte de los fondos para las UUNN provienen de transferencias del Tesoro Nacional, otorgadas a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, y se reparte de acuerdo a un modelo de distribución elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El crecimiento en inversión educativa, que tuvo su pico máximo en el periodo 2003-2015, en el que se alcanzó el 1,01% del PBI, permitió la creación de un mayor número de UUNN, lo que significó que más cantidad de ciudadanos puedan acceder a la educación superior. En los últimos 43 años de nuestra historia, la población del país creció en un 77% y la población universitaria en un 750%. En este sentido, la expansión territorial de la universidad argentina ha sido un factor determinante para que muchos padres que nunca habían podido acceder a la educación superior -y muchas veces tampoco habían podido culminar los estudios primarios o secundarios-lograran que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. Sin ir más lejos, según datos relevados por la Secretaría Académica Central de la UNRC de los 1116 egresados en 2017, 546, es decir el 49%, fueron la primera generación en su grupo familiar que lograron obtener un título profesional.
La inversión pública del estado en las UUNN permite también que en ellas se desarrollen programas de investigación autónomos, elaborados en función del diálogo con los diferentes sectores sociales y agentes territoriales, e independientes de los intereses de capitales privados que, en muchas ocasiones, intentan capitalizar los conocimientos producidos en las Universidades Públicas para el propio beneficio.
El estado tiene la obligación de invertir en las UUNN para garantizar el Derecho Humano a la Educación Superior. En la Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada en Cartagena en 2008, y en la recientemente realizada en la ciudad de Córdoba, se acordó definir a la Educación superior como “bien público social, un derecho universal y un deber del Estado”. En esta dirección, garantizar el acceso a la Universidad Pública y Gratuita en nuestro país es responsabilidad del estado y el actual gobierno no puede desentenderse de su deber.
Estos reclamos nos encuentran en el centenario de la Reforma Universitaria del ’18. Las disputas en torno a la interpretación de este acontecimiento son hoy urgentes. Lejos de aquellos que pretenden reducirla a un reclamo por la autonomía y la libertad de cátedra, es preciso recuperar la profundidad con la que los reformistas concibieron aquella gesta. La autonomía y la libertad de cátedra fueron una parte fundamental de sus reclamos, y una de sus máximas conquistas. Pero aquellos jóvenes que movilizaron la Reforma buscaban además la unión de los “hombres libres de América”, la solidaridad de los trabajadores y los estudiantes, la reforma social que permitiera una universidad entramada en la filigrana social. Son éstos los legados que debemos heredar por estos días en defensa de la Universidad Pública y Gratuita.
Observatorio de Derechos Humanos – UNRC