Por Pablo Callejón
En aquellas noches de diciembre de 2013 hubo vacío político y vaciamiento policial. Los ajusticiamientos sucedieron a la falta de efectivos y móviles en las calles. La protesta por mejores salarios derivó en un inédito acuartelamiento que 5 años después no tiene responsables políticos ó policiales detenidos. Se produjeron robos, linchamientos, corridas, estupor y heridos. Pero ningún preso, nadie.
En Río Cuarto, algunos comerciantes decidieron esperar en el interior de sus comercios, agazapados entre mostradores y vitrinas. Otros recibieron un llamado en madrugada por la vidriera que estalló a merced de ladrones con zona liberada. Una decena de policías liderados por el comisario Oscar Zuin resolvieron en autos particulares y un móvil policial resguardar los supermercados. El resto de los efectivos había optado por sumarse a la medida de fuerza que tenía como bunker central la sede del Comando Radioeléctrico, ó aguardar en sus hogares la evolución de un conflicto que tuvo en vilo a los cordobeses durante 48 horas.
El fallo de la Càmara 12 del crimen determinò que ninguno de los 56 policías enjuiciados por el acuertelamiento irá a prisión. Los jueces establecieron condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y otras por “desobediencia”. Entre los acusados, no había ningún implicado en los saqueos, robos o actos de violencia. En las audiencias hubo acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades políticas del gobierno cordobés y las que buscaron adjudicarle al kirchnerismo. Pirotecnia con pólvora mojada.
El entonces gobernador Josè Manuel de la Sota estaba de viaje hacia Colombia cuando la seguridad de la Provincia se dio de bruces contra la ineficacia política que no logró advertir la magnitud del malestar policial. Una foto que recorrió las redes sociales y reveló al ex mandatario con un bolso de regalos en el aeropuerto de Panamá fue la síntesis del desconcierto en el Gobierno.
El acuartelamiento comenzó en la noche del 3 de diciembre de 2013, con un centenar de policías rebelados en el comando de acción preventiva (CAP) en Barrio Cerveceros, al sudeste de Córdoba. Exigían un salario básico de 13.000 pesos y la actualización de otros ítems salariales. A la medida se fueron plegando agentes de la capital provincial, Río Cuarto y otras ciudades del interior hasta alcanzar los 3 mil autoacuartelados. Durante un día y medio, no hubo ninguna fuerza de seguridad custodiando la integridad y los bienes de los cordobeses.
Las esposas y familiares de los uniformados se convirtieron en voceros y se abroquelaron frente a las sedes policiales para evitar la salida de los patrulleros. El 4 de diciembre al mediodía, tras 35 horas de saqueos, De la Sota anunció un acuerdo salarial y lentamente los móviles volvieron a las calles. El resultado de la protesta había dejado demasiadas cicatrices en la mirada social hacia la policía. Durante los primeros días hubo insultos en las calles a los efectivos y con el correr de los meses, el enojo se transformó en una persistente desconfianza.
Tras la rebelión policial se profundizaron las internas en la fuerza y en el Gobierno, los pases de facturas, los retiros anticipados y la revisión de una política de seguridad que apostó por la mano dura para intentar reconstruir el vínculo con los vecinos. La Policía del Código de Faltas fue también la que permitió saqueos y linchamientos que mostraron la peor cara de una sociedad dispuesta a dirimirse en la ley de la selva. De La Sota ordenó la salida de la titular de Seguridad Alejandra Monteoliva y el Ministerio de Gobierno anexó el área con la designación de un ministro que pasó desapercibido, inmerso en un silencio de misa. La mayoría de los cordobeses ignoraron que el riocuartense Marcos César Farina era entonces el hombre a cargo de la conducción política de la Seguridad en Córdoba.
Un año después del autoacuartelamiento se multiplicaron las denuncias por gatillo fácil, apremios, detenciones por portación de rostro y masivas marchas de La Gorra. La contracara a las noches en las que Córdoba fue la boca del lobo se tradujo en un endurecimiento de acciones más publicitarias que efectivas, y con un alto costo social. Hoy que Río Cuarto vive una ola de robos, muchos de ellos violentos, y la opción parece repetirse: megaoperativos barriales, luces policiales en esquinas de alto tránsito y anuncios de numerosos allanamientos en un solo día con efectivos de la Unidad Departamental, Gendarmería, Policía Federal y la Fuerza Policía Antinarcotráfico, apelando a cuidadas fotografías sobre elementos robados que fueron recuperados. Son acciones espasmódicas que buscan calmar el malhumor social, con una criminalización de la pobreza y la sensación de que nada alcanza.