Escándalo al portador – Opinión

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Por Pablo Callejón Periodista

Carolina Torres había ingresado al municipio como personal de gabinete en categoría 40. Percibía un sueldo de 16 mil pesos por mes (escala salarial 2017) pero estaba a cargo de confeccionar órdenes de pago y cheques en el Ente de Control Municipal, una función que históricamente se delegaba a personal de carrera por su alta responsabilidad. Torres había accedido a la función pública por decisión del ex concejal y actual secretario de Gobierno, Mauricio Dova, quien la escogió como su secretaria en el parlamento local. Cuando Juan Manuel Llamosas ganó las elecciones municipales en junio de 2016, designó a Dova como responsable del área política y el hombre de confianza del intendente dispuso la contratación de Torres. Luego de algunos meses en la mesa de entrada del Palacio de Mójica, la empleada sin militancia política reconocible, fue seleccionada para cumplir funciones en el Edecom. Tras el escándalo de los cheques mellizos, Dova aseguró que fue una decisión del directorio presidido por Pablo Pellegrini la designación de la mujer en un rol administrativo clave en el manejo de fondos.
A través de mensajes de textos y al menos dos reuniones, Dova buscó no quedar salpicado políticamente por un escándalo que excede la intervención de su ex secretaria en las maniobras de estafa. El 4 de mayo, firmó la resolución 1323 por la que Carolina Noemí Torres fue despedida. Con la suerte echada, la mujer decidió seguir las directivas de su abogado Enrique Zabala y denunció en la Justicia al secretario de Gobierno por ser el funcionario que le habría dado la orden para apropiarse de los cheques, como forma de pago por una supuesta deuda en su paso por el Concejo Deliberante.
Dova calificó de “sinvergüenza” a Torres en una conferencia de prensa donde pareció estar al borde del llanto y aseguró que hará una contra denuncia, aunque todavía no lo hizo. La Justicia tiene entonces dos causas: la investigación por la estafa de los cheques mellizos y la acusación de Torres contra su ex jefe político.
Las acciones judiciales ingresaron a la Fiscalía de Primera Nominación que no tiene fiscal a cargo desde el fin del interinato de Luis Pizarro, el pasado 4 de abril. Entre Daniel Miralles, Fernando Moine y Javier Di Santo debería surgir quien se haga cargo de una ó las dos causas. La política podría jugar en esta trama un rol determinante. Miralles tiene una cercanía con el peronismo cordobés y Di Santo es hermano del ex fiscal municipal de Juan Jure. Tampoco Zabala, abogado de Torres, es ajeno al contexto partidario. Fue uno de los referentes locales que apoyó la candidatura a intendente del radical Eduardo Yuni.

El sumario

Según surge del Expediente 51842-S-2018 al que tuvo acceso en exclusiva Póster Central, el EDECOM puso “en consideración” el 27 de abril hechos irregulares que involucran cheques del ente. Fue tras una advertencia de la responsable contable, Viviana Cáceres. La noticia se conoció a partir de un escueto comunicado del organismo y desató una crisis política de final incierto.
Cáceres alertó sobre irregularidades en 16 cheques al portador por un monto estimado de 140 mil pesos. Del total, 7 habían sido cobrados y 9 lograron ser bloqueados a tiempo. Todos eran de chequeras habilitadas con firmas de autoridades y ninguno correspondía a órdenes de pago emitidas por la Administración.
Cáceres decidió plantear la maniobra de estafa en una reunión de la que participaron todos los miembros y síndicos del Directorio. Ese mismo día, la información llegó a manos de Mauricio Dova quien no tuvo más remedio que ordenar una investigación interna. El escandaloso hallazgo también desencadenó en una denuncia ante la Unidad Judicial presentada por el presidente del Edecom, Pablo Pellegrini.
Cuando el caso ya había alcanzado una fuerte repercusión pública, el 2 de mayo el Departamento de Asesoramiento de Legales citó a las agentes sumariantes para iniciar una ronda de testimoniales dos días después. Sin embargo, el 3 de mayo se presentó en forma espontánea Viviana Cáceres y advirtió que “la única persona encargada de confeccionar los cheques era Carolina Torres, quien era también la que confeccionaba las órdenes de pago” (sic). En su declaración sostuvo que “como puede acceder al sistema pudo haber reimpreso órdenes de pago ya abonadas, confeccionar nuevos cheques de puño y letra, tomar los antecedentes de la orden de pago original y llevarlos nuevamente al directorio para que los firme”. La descripción de Cáceres evidenció hasta donde podía llegar el poder sobre fondos públicos de una empleada, sin experiencia contable y con un cargo de bajísimo rango.
“Sobre los cheques debitados sin autorización no existe ni detalle, ni asiento en las libretas de chequera”, advirtió la denunciante.
El 4 de mayo se presentó ante los sumariantes la encargada de hacer las conciliaciones bancarias del Edecom y destacó que estaba de licencia por maternidad desde el 30 de noviembre. Sobre la causa, la mujer apuntó a Torres y sostuvo que los cheques sin respaldo fueron librados al portador, sin cruzar y cobrados por terceros, no proveedores.
El mismo día, quien realiza los concursos de precios relató en su testimonial que Carolina Torres confeccionaba “de puño y letras los cheques y que el volumen que lleva por vez al Directorio es cuantioso”. Los documentos en la mira llevaban las firmas de Pellegrini y su vice presidente, Javier Gabutti.
Aunque se esperaba que fuera a declarar, Torres nunca se presentó ante la citación del jefe de Departamentos de Sumarios, Julio César Cravero. Ya había sido advertida sobre la comprometida situación y optó por buscar un abogado para su defensa. En el dictamen de la investigación interna se determinó que “todo indica que sería la autora de las irregularidades”

El cobrador y el contador

Un testimonio que resulta revelador de la magnitud de la maniobra y que promueve sospechas sobre la participación de privados en la estafa, fue el de un estudiante de contador público, de 23 años, quien tras reconocer que cobró al menos tres de los cheques mellizos, perdió su trabajo.
El joven dijo que solo conocía a Torres “de la calle y los boliches”, pero había sido elegido para cobrar los documentos del Banco de Córdoba y luego, devolver la plata a Torres.
Los sumariantes le mostraron al testigo tres cheques serie C librados el 28 de noviembre de 2017 por 24.813 pesos, el 6 de marzo de 2018 por 19.749 pesos y el 5 de marzo de 2018 por 24.570 pesos. El joven estudiante admitió que llevaban su nombre, apellido, domicilio y número de documento y reconoció su firma. Dijo que los recibió de Carolina Torres para que los cobrara y admitió que “era una actividad normal” que ya realizaba en el estudio contable Z y M, propiedad del contador Gabriel Mateu, donde trabajó hasta el pasado viernes 4 de mayo. Se desconoce si ese día renunció ó lo despidieron.
El testigo afirmó que Mateu y Torres mantenían “una relación personal”, aunque no precisó “si eran pareja”. El dueño del estudio contable nunca declaró ante los sumariantes, aunque seguramente deberá hacerlo en la Justicia.
Al ser consultado sobre si tenía algo más que aportar, el universitario expresó que cuando fue a cobrar uno de los cheques, en el Banco le dijeron que le tenía que decir a una de las personas que firmaba el documento que debía acercarse a la entidad porque la rúbrica «no coincidía bien con la que tenía registrada”.
Carolina Torres afirmó que entregó otros cheques a sus padres para que pudieran cobrarlo y no solo apuntó contra Dova, sino que involucró al directorio del Edecom. La mujer aseguró en una entrevista al periodista Marcos Jure en diario Puntal que era el propio secretario de Gobierno quien le daba la orden a Pellegrini para que firmara y le entregara esos documentos de cobro. Hasta el momento, el máximo responsable del Edecom decidió apelar a un hermético silencio.

En la Justicia

Aunque esta vez el Ejecutivo buscó asumir la iniciativa tras los errores políticos por el escándalo Simón, los hechos parecen haberlo relegado a un rol de incómodo espectador. La estafa que tiene en vilo al gobierno municipal espera por la respuesta de fiscales poco propensos a investigar al poder y desacreditados en la opinión pública. El culebrón por los cheques mellizos suma cada vez más actores y nadie les puede asegurar un final de novela.

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