Lula, favorito para volver a ser elegido presidente en los comicios de octubre, debe presentarse ante la Policía Federal en Curitiba, donde está el tribunal de Moro en el sur del país, para empezar a cumplir una pena de 12 años de cárcel a la que fue condenado en enero.
El «habeas corpus» es un recurso urgente basado en garantías constitucionales que permite a un acusado pedir a un juez que suspenda una orden de prisión que considera injusta.
Según el portal «Globo», Lula pasó la noche en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Paulo, su bastión político desde sus épocas como líder sindical.
El ex presidente de 72 años se reunió con su círculo más cercano en la sede del sindicato ubicado en Sao Bernardo do Campo, en la periferia de San Pablo, para analizar su proceder el día de hoy.
Miles de seguidores de Lula acudieron por la noche al lugar para mostrar su apoyo al carismático ex líder obrero, jefe de Estado entre 2003 y 2010 e ícono de la izquierda en toda América Latina.
Lula es el principal acusado por «Lava Jato», una megacausa sobre corrupción que salpica desde hace años a casi toda la clase política brasileña.
Moro condenó a Lula el año pasado inicialmente a nueve años y medio de prisión por cargos de sobornos de la constructora OAS a cambio de favorecerla en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.
Un tribunal de apelación confirmó en enero la condena y la subió a 12 años y un mes. Aunque Lula todavía tiene opciones de apelar la condena en dos instancias más, el STJ y la Corte Suprema, la Justicia determinó que empiece ya a cumplir la pena de prisión.
La Corte Suprema rechazó en la madrugada del jueves un primer recurso de «habeas corpus» de la defensa de Lula pidiendo que la orden de arresto sea suspendida hasta el fin definitivo del caso. Moro ordenó horas después el ingreso en prisión del ex presidente.
Pese a la condena, Lula quiere volver a ser candidato presidencial para las elecciones del 7 de octubre y es favorito en todos los sondeos, con hasta el 37 por ciento de los apoyos.
Lula está en teoría inhabilitado para postularse por la ley de «Ficha Limpa»(«expediente limpio»), que impide a políticos con condenas penales ser candidatos. Una corte electoral, sin embargo, debe dar un veredicto oficial. Eso ocurrirá previsiblemente en agosto, cuando se inscriban las candidaturas.