La Comisión de Legislación Penal de Diputados, que preside la radical Gabriela Burgos, firmó el dictamen del proyecto de ley que propone sancionar el acoso sexual callejero. La iniciativa se trataría este miércoles en el recinto.
“Las mujeres queremos sentirnos seguras en la vía pública”, sostuvo Burgos, quien además leyó la definición de la RAE (Real Academia Española) sobre lo que significa la palabra “piropo” y aclaró: “No se trata de tipificar el piropo. A lo que nos estamos refiriendo en el proyecto es totalmente opuesto a lo que puede ser un piropo. Es un daño o una acción que nos perturba en lo cotidiano”.
Por su parte, el radical Luis Petri, que la semana pasada expuso objeciones sobre el texto, asintió que la nueva redacción “lo mejora significativamente” y “va a permitir su aplicación práctica”.
Quien puso reparos a la iniciativa fue la justicialista Carolina Moisés, que consideró que “es muy subjetivo definir qué gestos y qué palabras podemos vincular con este delito” porque “no todos tenemos los mismos parámetros para medir la dignidad moral”.
Y agregó que “la falta de claridad puede llegar a traer problemas al propio sistema judicial”. Pero al cruce salió Burgos, que manifestó que las personas “que están acostumbradas” a determinadas expresiones “no harán la denuncia ni utilizarán este mecanismo”.
El texto, que modifica el Código Penal al incorporar el artículo 129 bis, establece que en la definición de “acoso sexual callejero” se incluyen tanto los gestos como las expresiones verbales que “de manera directa o indirecta afecten o perturben la vida, dignidad, libertad, integridad física o psicológica, o el libre tránsito” de la víctima.
Se trata de sancionar estas conductas al entender que causan “intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”. El delito será de acción privada, con excepción de los casos de flagrancia.
Las multas para este delito irán desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos, y en caso de que las víctimas sean menores de 18 años o el autor del acoso sea un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, serán de entre 5 mil y 30 mil pesos.
En tanto, lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.
Otro de los puntos del proyecto es que establece que el autor del acoso deberá asistir a talleres de educación, concientización y prevención del acoso sexual callejero y la erradicación de la violencia contra las mujeres, por un plazo no menor a tres meses.
El año pasado la comisión había firmado un dictamen sobre la tipificación y sanción del acoso, pero cayó al no llegar a ser tratado en el recinto.