La Cámara de Senadores aprobó por amplio margen, y giró a la Cámara de Diputados, los proyectos de ley de reforma previsional, el consenso y la responsabilidad fiscal, acordadas entre 23 gobernadores de provincias y el Poder Ejecutivo Nacional, tras un extenso debate que terminó cerca de la medianoche, luego de más de ocho horas de discusión.
El proyecto de reforma previsional fue aprobado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en general, mientras que en su votación particular recibió el respaldo de 42 senadores y 24 en contra. El consenso fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de responsabilidad fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.
La ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.
Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones, en comisión, propuestas por la oposición para que el cálculo se haga en base a una combinación de «un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios», en lugar de tener en cuenta solo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.
Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos (82 %) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Como tercera modificación, el proyecto contempla extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años.
En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.
Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.
Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de la modificación a Ganancias mencionada en el párrafo anterior y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones según la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.