Rafael Nahuel, de 21 años, murió el pasado fin de semana tras ser alcanzado por una bala de plomo en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
En el mes de septiembre, un grupo de personas de la comunidad Lafken Winkul Mapu se instaló en el predio para reclamar su «derecho ancestral sobre las tierras». En ese contexto el Juez Federal Gustavo Villanueva ordenó el operativo de desalojo, que comenzó el jueves 23 y terminó el sábado con la muerte del joven, cuando efectivos de Prefectura rastrillaban la zona para intentar dar con los prófugos.
La versión oficial indica que se trató de un enfrentamiento entre las dos partes, en el que efectivos respondieron con balas de goma y plomo a los ataques de los mapuches que intentaban escapar. Por su parte, la abogada de la comunidad mapuche denunció una que en el lugar se dio una “cacería racista”.
En un contexto de dichos cruzados, las primeras precisiones llegan con los resultados de la autopsia practicada al cuerpo, que indican que el joven murió por una bala 9 milímetros, que se corresponde más bien con las que utiliza el grupo de elite Albatros que con fuego amigo.
El proyectil ingresó por la parte de atrás y alcanzó órganos vitales para finalmente provocar la muerte, precisó el informe.
El Ministerio de Seguridad -que instruye a las fuerzas federales- defendió públicamente el accionar de Prefectura como “legal y legítimo”, según palabras de Patricia Bullrich. Además, la VicePresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza.
Y aquí discrepamos. Principalmente porque la legalidad y legitimidad del procedimiento están dadas en tanto y en cuanto se haya cumplido con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, que establece que el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa (Todo bajo el precepto de que el accionar de los efectivos de seguridad está regulado para limitar el uso de la fuerza y garantizar la integridad de las personas).
Por otro lado, porque el beneficio de la duda y la presunción de inocencia rigen no solo para quienes ejercen funciones públicas, sino para todos los ciudadanos de a pie.
Por eso, como planteó la legisladora Brenda Austin, es necesario cumplir con “el paso ineludible” de que “se investiguen las responsabilidades”.