Tras la decisión de la Legislatura de Córdoba de sancionar la ley que regula el derecho a protestas, gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) le dijeron que no a la norma, surgida después del conflicto en el transporte urbano. La noción de ‘regular’ la prestación de servicios por considerarlos básicos y el hecho de difundir con varios días de anterioridad una protesta son los puntos de oposición.
El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, escogió estar del lado de afuera de la Unicameral, se ausentó de la votación pese a ser parte del bloque oficialista y consideró que “regular el derecho a huelga es ilegal e inconstitucional”.
Desde la Bancaria, Raúl Ferro consideró la situación como “terrorífica” y “una derrota en la incapacidad del poder político”. Y agregó: “Eligen amordazar a los trabajadores con una ley en la que no discuten con los actores. Se sabe que si hay un conflicto en el que te pisan la dignidad, te atropellan, por más leyes que haya no van a tener sentido”.
También los docentes públicos marcaron su postura. Desde el secretario general de UEPC, Juan Monserrat, quien indicó que buscan “congraciarse con el humor social”, hasta Zulema Miretti, la secretaria adjunta, que opuso como argumento el hecho de que no haya habido quórum en el Congreso de la Nación para su tratamiento.
A su vez, la legisladora de Córdoba Podemos, Carmen Nebreda, anticipó que realizará una presentación ante la Justicia sobre la inconstitucionalidad del proyecto, marcando que la reformulación de una norma en este sentido «está en manos de la Nación y del Congreso Nacional».
Consulta
El intendente de Córdoba envió al Concejo Deliberante el proyecto, que incluye las cuatro preguntas para someter al voto de los ciudadanos.
Aún sin fecha prevista aunque con la posibilidad de que se realice a la par de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto próximo y recordando que este sufragio no es obligatorio, el proyecto de algo más de veinte páginas incluye cuatro preguntas:
1-) ¿Está de acuerdo que las asambleas de empleados municipales se realicen fuera del horario y lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento?
2-) ¿Está de acuerdo que el gobierno continúe publicando información pública en el portal de gobierno abierto?
3-) ¿Está de acuerdo que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial?
4-) ¿Está de acuerdo en que la Municipalidad avance en la descentralización geográfica de la gestión de los servicios públicos, tomando como base el ejido de los CPC?