El Gobierno anunció que pedirá una audiencia, con carácter de urgencia, a la Cámara Federal para pedirle «que aborde la problemática de manera integral» por el cuestionado acuerdo sobre el Correo Argentino y que «incorpore los juicios que la empresa le hizo al Estado».
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, agregó que solicitarán un dictamen técnico de la Auditoría General de la Nación (AGN) por el acuerdo propuesto para saldar el diferendo con la empresa que explotaba al Correo Argentino SA durante el período en el que estuvo privatizado.
En tal sentido, sostuvo que sugerirá la convocatoria a un panel de expertos independientes para analizar el acuerdo y, eventualmente, aconsejar cuál es la mejor solución.
«Luego de 12 años de desidia y no resolución, el Ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de acuerdo suscripto por otros 600 acreedores para dar fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse», explicó Peña en una conferencia de prensa.
Intereses
El jefe de Gabinete negó la existencia de un conflicto de intereses con la familia del presidente» Mauricio Macri, mientras que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ratificó que el jefe de Estado no tomó intervención en el armado del acuerdo.
«Jamás consulté este tema con el Presidente, porque tiene vedado por ley interesarse en temas que involucran a familiares. Jamás se interesó por este tema y solo pidió solucionarlo con la participación de los tres poderes del Estado», sostuvo Aguad.
El funcionario aseguró que está «a disposición del Congreso» para dar explicaciones y detalles, aunque reconoció que hoy martes mantendrá un encuentro sólo con legisladores del bloque oficialista de Diputados.
Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sostuvo en declaraciones radiales que no pone «las manos en el fuego» por el Presidente ni «por ningún otro funcionario» en relación al acuerdo por el concurso preventivo de Correo Argentino SA.
En esa línea, consideró que «hubiera sido saludable en términos institucionales» que Aguad elevara una consulta a ese organismo antes de avanzar.
El acuerdo fue cuestionado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien además sostuvo que la posición del Correo «convierte aún en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual», también le reclama al Estado, en carácter de acreedor, «un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago» por otros reclamos