La Cámara de Senadores convirtió en ley, y por unanimidad, el proyecto de Emergencia Social que reproduce el acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras para apuntalar cooperativas de la economía popular.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a gastos sociales y que, en cambio, deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el Presupuesto.
El proyecto tiene como objeto «promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional».
La ley dispone además la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), «a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro».
Según el proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los 49 legisladores presentes, que integran todos los bloques de la Cámara alta.
Uno de los autores de la iniciativa, que había vuelto en segunda revisión de Diputados, el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, afirmó que «este proyecto nació en la calle, con la peregrinación a San Cayetano».
«Entre el acta acordada y el proyecto de hoy estamos hablando de más de 35 mil millones de pesos para los que menos tienen», explicó Abal Medina.
El senador bonaerense aseguró que «se está legislando sobre un sector que estuvo olvidado durante muchísimo tiempo».
Por su parte, el radical Luis Naidenoff sostuvo que el proyecto «no es una salida, es un paliativo para los trabajadores del mercado informal».
Sin embargo, agregó que «tampoco se tiene que festejar una prórroga de una emergencia social porque se trata de la expresión del arrastre de una crisis. Hay muchos argentinos que observan una discusión que les es ajena», añadió.
En tanto, el legislador del GEN Jaime Linares dijo que «es muy bueno el trabajo de la ministra (de Desarrollo Social) Carolina Stanley con los sectores de la economía informal para acordar un texto mejorado de lo que se planteó originalmente».
«El objetivo de esto es tratar de tener un registro de la economía popular para ayudarlos a generar nuevos trabajos a través de las capacitaciones», enfatizó.
La kirchnerista Teresita Luna, otra de las autoras del proyecto, evaluó que «todo el esfuerzo de los trabajadores necesita un modelo económico basado en el ser humano y hoy no lo tenemos».
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, reconoció el trabajo del «Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, que siempre tuvo un compromiso de diálogo».
Además, evaluó que «la asistencia del Estado debe ser siempre una situación de coyuntura».
Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Pedro Braillard Poccard, conjeturó que «este proyecto está relacionado con la recuperación del Indec».
«Tener verdaderas estadísticas, aunque sean duras, son reales. Y ante esa realidad, el Gobierno decidió asumirla y se echa mano de todos los recursos para ir solucionando las urgencias».