La UNRC y otras universidades del país impulsan junta de firmas para reclamar fondos de la Nación que fueron distribuidos «arbitrariamente», según manifestó el secretario General Enrique Bérgamo.
Una carta con la firma de los rectores de 18 universidades nacionales excluidas del “bonus” lanzó un pedido urgente a senadores para que revea la decisión de «algunos diputados»
“Entendemos que cualquier incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdos en esa Cámara de Diputados, debería alcanzar a la totalidad de las Universidades Nacionales y no solamente a un grupo”, expresaron.
“Deberían aplicarse criterios de equidad (como los contemplados en el modelo de pautas de distribución presupuestaria del CIN), y teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para cada una de las instituciones nuevas como de aquellas consolidadas”, agregaron. Firmaron los rectores Mario Lozano (Quilmes), Luis Negretti (Villa María), Jorge Calzoni (Avellaneda), Sandra Torlucci (del Arte), Gabriela Diker (General Sarmiento), y Jorge Gerard (Entre Ríos), entre otros.
Entre las 22 con “bonus”, las más beneficiadas resultaron la UNSAM, con $140 millones; Córdoba, con $120 millones, la Tecnológica, con $100 millones y la Matanza, con $85 millones.
Inequidad
Diputados de la UCR denunciaron que el Presupuesto 2017, que aprobó la Cámara baja genera “inequidad” entre las universidades nacionales, al advertir que el refuerzo en las partidas “deja afuera a 35” casas de altos estudios de manera “discrecional”.
El presidente de la Comisión de Educación, José Riccardo –exrector de la Universidad Nacional de San Luis- advirtió en el recinto que la planilla anexa con la nueva distribución de recursos, que contiene “más de 1.028 millones de pesos”, sólo incluye “los nombres de 21 universidades del Sistema Universitario Nacional, que está compuesto por 56”.
“Hay 35 universidades nacionales que no han podido o no han sabido acercar sus necesidades para ser incluidas en ese refuerzo, y la mejor prueba de la necesidad de las universidades nacionales es que justamente el presupuesto del CIN, si bien ha estado muy cerca del Presupuesto nacional, es mayor que el propuesto por el Poder Ejecutivo”, explicó Riccardo.
Y continuó: “No se qué le vamos a decir a las 35 universidades nacionales que respetaron los acuerdos, que apostaron por la mayor calidad institucional reflejada en la distribución presupuestaria del CIN y elevada por el Ministerio de Educación, cuando aparecen sólo 21 universidades con un crédito adicional de 1.028 millones de pesos.
Entre otras, mencionó que fueron excluidas las universidades nacionales de Buenos Aires, Cuyo, La Pampa, La Rioja, La Plata y las tres de San Luis, cuando “todas son igualmente legítimas”.
En el mismo sentido, otro diputado radical, Alejandro Echegaray, advirtió que “se generó una inequidad” producto de “un pedido del bloque del diputado (Sergio) Massa, que alteró los criterios objetivos de reparto consensuados entre todas las universidades, privilegiando un interés partidario coyuntural”.
Echegaray precisó que la Universidad Nacional de San Martín “fue la que más fondos adicionales recibió, siendo que no puede explicar triangulaciones como las que se hicieron con el Ministerio de Planificación por la novela de Andrea Del Boca, mientas que la UNLP, que tiene el mejor Museo de Ciencias Naturales de la Argentina, y un número importante de estudiantes e investigadores, fue excluida”.
De todos modos, el diputado reivindicó las partidas presupuestarias para el sistema universitario y afirmó que “por primera vez en varios años, las universidades recibieron una suma cercana a la que necesitan para garantizar su autonomía y su buen funcionamiento”.
La pelea por los fondos universitarios – Pablo Callejón, Telediario