El fiscal General pidió la absolución de Guzmán

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Foto: La Voz del Interior

Tras la ronda de más de 30 testigos que favorecieron la situación del fiscal de Instrucción Walter Guzmán, se conocieron los alegatos en el jury que se desarrolla en la Unicameral de Córdoba.
El fiscal General Alejandro Moyano pidió la absolución de Guzmán al señalar que no logró probar la acusación.
Durante las tres audiencias de testimoniales, jueces, fiscales y trabajadores de los Tribunales de Río Cuarto respaldaron al acusado. Los testigos negaron episodios de maltrato hacia Rosa Sabena y validaron la instrucción de Guzmán en la primera parte de la investigación por la desaparición de Nicolás.
Guzmán estuvo al frente del caso hasta que fue removido por decisión del entonces fiscal General Darío Vezzaro. El funcionario judicial decidió disponer de «un director de la causa» y fue seleccionado el fiscal de Cámara Jorge Medina. Posteriormente, la causa quedó en poder del fiscal de Instrucción Julio Rivero, quien logró la elevación a juicio y la condena a los Vargas en la Cámara Segunda del Crimen.
Uno de los testimonios más esperados por los denunciantes no logró solventar las bases de la acusación. El fiscal de Cámara Jorge Medina, ratificó que debió asumir la causa tras las acusaciones de Rosa contra Guzmán y confirmó que pudo comprobar que los Vargas eran advertidos telefónicamente de los procedimientos que iban a impulsar en su quinta. Sin embargo, su discurso no avanzó con dureza sobre otras irregularidades de la instrucción, como esperaba la mamá de Nicolás.
En una audiencia cargada de tensión, el pasado martes el tribunal de Enjuiciamiento ordenó a Rosa abandonar el recinto en medio de la declaración de la doctora Edith Imberti. La denunciante reaccionó ante algunas manifestaciones de Imberti y fue desalojada. Al concluir la testimonial, pudo regresar a la sala.
Aquella fue una jornada de testigos ligados a la estructura judicial riocuartense que favorecieron a Guzmán. Dieron su testimonio el ex juez Jorge Piovano, el juez Emilio Andruet -quien condenó a los Vargas por la desaparición de Nicolás Sabena-, el fiscal de Instrucción Fernando Moine y el comisario Gustavo Della Mea. Todos coincidieron en que “no hubo irregularidades” en la investigación de Guzmán “ni maltrato” hacia Rosa.

Duras críticas

Rosa había denunciado a Guzmán por maltrato y graves irregularidades en la causa que investiga la desaparición de su hijo Nicolás. La presentación fue advertida por el Tribunal Superior de Justicia, organismo que ordenó una evaluación exhaustiva de las acusaciones. Los resultados fueron derivados al fiscal General Alejandro Moyano, quien resolvió avanzar en una presentación para pedir la destitución de Guzmán.
Frente al tribunal de enjuiciamiento, Rosa lanzó en la primera audiencia duras críticas al fiscal y reveló en detalles los motivos de su denuncia. Posteriormente, habló su marido, Miguel Sabena, quien ratificó el largo peregrinar judicial de la familia.
Durante el proceso, declararon también el fiscal de Cámara Julio Rivero, el oficial de fiscalía Mariano Pagano, las secretarias Leticia Barbeani y Griselda Truant, el fiscal Guillermo González y el oficial de Policia Fernando

La denuncia

Para Moyano, el fiscal de Instrucción riocuartense «maltrató» a Rosa Sabena y cometió graves irregularidades en la investigación por la desaparición de Nicolás. Así lo señala en la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento a la que tuvo acceso TD Digital.
«Cabe señalar que el reproche que aquí se hace no apunta al mérito que hizo de la prueba, sino al desempeño de su cargo al llevar adelante la investigación», señaló Moyano.
El fisal General resaltó que «si Rosa Sabena no hubiera emprendido el reclamo por la falta o deficiente investigación sobre la desaparición de su hijo, es muy probable que el Fiscal Guzmán hubiera mantenido la convicción que tenía, y que le manifestó textualmente al Fiscal Medina: «que había agotado la pista relacionada a los Vargas y que inclusive era posible que al joven lo hubiese asesinado el padre.»
Para Moyano, hubo «lesión a los derechos de la querellante particular» e «irregularidades e inobservancias técnico procesales.
«Segun la denunciante -Rosa Sabena- el Fiscal Walter Guzmán nunca atendió sus reclamos. Por el contrario, desde el inicio los menospreció. En tal sentido, Sabena relató que estuvo seis horas sentada en la Unidad Judicial, insistiendo en que le tomaran la denuncia, porque se negaban a hacerlo argumentando que se trataba de una desaparición voluntaria. Iniciadas las actuaciones y comenzada la búsqueda de Nicolás, el Fiscal Guzmán seguía convencido de que se trataba de una desaparición voluntaria, y posteriormente comenzó a considerar otras hipótesis criminales, que llegaron a tener al padre de Nicolás como presunto autor de la desaparición», advirtió.
Agregó que «estas manifestaciones, motivaron que el Fiscal General de entonces, Darío Vezzaro designara un Director para la investigación: el doctor Jorge Medina».

<strong>»Maltrato y desprecio»</strong>

En su denuncia surge un dato estremecedor ligado al informe de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que da cuenta de las circunstancias padecidas por Sabena: «la extensa demora en recibirle la denuncia,la información que publicaba la Fiscalía en distintos medios de comunicación, violando el derecho a la intimidad de las personas -por ejemplo: Nicolás Sabena era adicto a las drogas, homosexual, que era un auto-secuestro, etc-; publicaciones periodísticas donde constan manifestaciones de la Fiscalía diciendo que «los Vargas no eran sospechosos», la insistencia que tenía que poner la mujer para que se tomaran medidas procesales, el maltrato recibido por parte de los funcionarios que incluyó agresiones verbales y de desprecio hacia ella, su hijo y su familia»
Moyano también cuestionó que Guzmán le haya enviado a Rosa una carta documento para que no lo cuestionara públicamente. «El Fiscal Guzmán esgrimió esa razón -entre otras- como fundamento para apartarse de la investigación».
«Esta conducta, además de ser levisa de los legítimos derechos del querellante particular, no se corresponde con el desempeño que debe esperarse de un Funcionario del Ministerio Público Fiscal, toda vez que está obligado a respetar la libertad de opinión de todo ciudadano -sea o no parte en el proceso-, y sólo debe expresase en relación a las investigaciones que conduce, por las vías procesales corespondientes y adecuadas», subrayó.
El fiscal General resaltó que «evidentemente el maltrato que le daba el doctor Guzmán a Sabena también era advertido por sus superiores».
«En definitiva, las actitudes del Fiscal para con la denunciante Rosa Flores de Sabena, no se condicen con el desempeño que es exigible a un Funcionario del Ministerio Público Fiscal», sentenció.

<strong>Irregularidades</strong>

Entre las irreuglaridades técnico procesales se suman los avisos a los Vargas previo a los allanamientos y rastrillajes: «La gravedad de esta conducta es inusitada».
«Por más nobel o inexperto que sea un investigador, es una norma de práctica común, de lógica diaria y de experiencia de vida que si se practica un allanamiento en un lugar, se hace justamente para ingresar al domicilio por sorpresa, a fin de procurar el éxito de la búsqueda».
«Si le avisa al presunto sospechado o investigado es prácticamente imposible suponer que éste dejará las pruebas que lo incriminan al alcance de quienes realizará el allanamiento. La sorpresa es un factor fundamental e imprescindible en este tipo de procedimientos. Avisar con anterioridad a su realización es, como hipótesis de mínima, una clara muestra de mal desempeño, y como hipótesis de máxima la comisión de un delito», argumentó.
También enumeró Moyano una serie de incumplimientos de normas procesales por parte del fiscal Guzmán y resaltó que «las conductas reprochadas, tanto la lesión de derechos del querellante particular, como las irregularidades e inobservancias técnico procesales, no obedecen a un excesivo rigorismo o formalidad, sino que constituyen una conducta del Fiscal que debe ser analizada bajo la lupa del mal desempeño previsto en la Constitución Provincial»

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