Marcos José Dávila deberá afrontar un juicio oral, acusado de haber engañado con un perfil falso a una adolescente para conseguir fotos íntimas de la chica, y haberlas difundido.
La Cámara del Crimen de 1ª Nominación de Córdoba le negó la suspensión del juicio a prueba a Marcos José Dávila, un hombre de 36 años que lleva dos años detenido, acusado de haber contactado a una adolescente con un falso perfil, haberla engañado para conseguir fotos íntimas de ella para luego amenazarla con difundirlas, ultimato que cumplió cuando la niña se negó a seguir con el contacto.
Sobre Dávila pesa la imputación por child grooming –acoso sexual a menores a través de medios electrónicos–, publicación o distribución de imágenes pornográficas de menores de 18 años y coacción calificada reiterada, en concurso real, y es por esta acusación que deberá afrontar un juicio oral. Se trata del primer caso con la figura de grooming que será juzgado en Córdoba.
La defensa del imputado pidió la probation, y ofreció cinco pagos de mil pesos mensuales a la familia de la víctima para reparar el daño, además de prestarse a trabajos comunitarios durante un año, ofrecimiento que fue desechado.
El fiscal de Cámara Marcelo Altamirano, fundamentó el rechazo a la probation aduciendo que, de ser encontrado culpable, seguramente le correspondería una pena de prisión efectiva; pero además valoró que se trata de “una particular delito contra la integridad sexual como lo es el child grooming, así como la posterior producción de imágenes pornográficas donde la propia víctima se habría sacado fotografías de su cuerpo obligada por el imputado”.
Asimismo, Altamirano ponderó que la víctima sería una adolescente de 14 años, y que el imputado consiguió sus fotos desnuda el uso de graves amenazas. “Este tipo de delito –incorporado al Código Penal en diciembre de 2013, en el artículo 131– es un flagelo de magnitud inconmensurable por la extrema vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que operan en la era cibernética, y por la impunidad con la que pretenden actuar los depredadores sexuales mediante la máscara con la que actúan detrás de una computadora”, argumentó.
Atendiendo a la negativa del fiscal, y remarcando que por tratarse de un delito contra la niñez que el Estado se ha comprometido a erradicar, no se concedió al imputado la suspensión del juicio a prueba, sino que el mismo deberá someterse a proceso.
El caso. Dávila fue detenido el 12 de septiembre de 2014, tras un trabajo de rastreo de Policía Judicial para dar con la computadora desde la cual había estado operando el perfil Brian Love, con el cual había sido engañada una adolescente de Río Segundo. El procedimiento se concretó en una vivienda de barrio Juniors, y en la computadora de Dávila se secuestró abundante material no sólo de la denunciante, sino de otros menores de edad.
Allegados a la investigación habían relatado en aquel momento que la adolescente sufrió severos traumas por el nivel de exposición al que Dávila la llevó, con la difusión de sus fotografías íntimas.
Grooming, un delito que crece
“Las denuncias por distribución de pornografía y grooming representan el 85% de los casos que recibimos en la fiscalía especializada en cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice la fiscal Daniela Despuy, para graficar que este tipo de delitos va en continuo aumento.
Y, asegura, hay que poner el foco en las campañas de prevención y capacitación. “Ya tenemos el artículo 131 del Código Penal para sancionar este delito, pero cuando se denuncia casi siempre han pasado ya meses de un niño sometido al poder del groomer, con consecuencias emocionales y psicofísicas muy graves”, apunta la fiscal.
“El acosador virtual de menores se mueve con dos finalidades: satisfacer sus propias necesidades libidinosas, o introducir el material que consiguió en redes de pornografía infantil que tienen alcance internacional”, explica Dupuy, y es por ello que en la mayoría de los casos el grooming va acompañado de otros delitos.
Investigar ciberdelitos
Para Dupuy, investigar ciberdelitos requiere de equipos altamente especializados, pero además, apunta que se requieren reformas procesales en la Justicia. “Tenemos códigos procesales que no están adaptados a las nuevas tecnologías y a las características propias de la recolección de evidencia digital –el equivalente a la prueba física en los delitos comunes–, y necesitamos reformas para que estas pruebas estén legitimadas al momento del juicio”, agregó.
Fuente Día a Día