Así lo informaron desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) al conmemorarse el sábado el día mundial contra ese delito, que en Argentina ha logrado un promedio superior a 50 condenas por año desde 2014.
Telam – «Entre un 25 y 27% de las condenas por trata con fines de explotación sexual corresponden a menores de 18 años, y en el terreno de la explotación laboral las víctimas de esta franja etaria representan el 17% de las condenas, lo que implican porcentajes todavía muy altos», describió a Télam Marcelo Colomo, responsable de la Protex.
Colombo explicó que «en relación a la explotación sexual de menores, el 100% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, la mayoría en contexto de vulnerabilidad; en tanto en la explotación laboral, también hay niños y adolescentes varones».
Creada en abril de 2013 con el objetivo de brindar asistencia a todas las fiscalías en delitos que involucren secuestro extorsivo, trata de personas y delitos vinculados a la trata, así como asesorar en el desarrollo de políticas públicas para la prevención, desde agosto de 2015 la Protex también co-administra la atención del 145 (número telefónico gratuito de denuncia).
Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, se recibieron 579 denuncias de las cuales 53 generaron investigaciones preliminares dentro de la Procuraduría.
En referencia a las investigaciones preliminares, la Protex ha incrementado cada año el número, siendo en 2015 428 casos, contra 288 que se habían realizado en 2014.
En cuanto a las condenas, Argentina se ubicó dentro del 16% de países que más condenas por año produjo en el mundo por este delito (70 condenas en 2014 y 45 en 2015).
En referencia al tipo de condenas, Colombo describió que «las estadísticas muestran que en general la mayor cantidad de casos se dan por explotación sexual, sobre todo tras la sanción de la ley de Trata de 2012».
El letrado recordó que «recién en 2011 empezamos a encontrar condenas con casos de explotación laboral; en estos casos es más difícil la detección del supuesto de trata y su investigación; en Argentina hay varios casos condenados pero si uno verifica los antecedentes de la región son muy pocos».
En este contexto, el desafío que encuentra el fiscal especializado es «seguir cosechando condenas a organizaciones y bandas grandes, y llegar a los funcionarios públicos, porque la lógica del crimen organizado requiere de funcionarios para poder sostenerse en el tiempo».
«Entonces -continuó- siempre hay que estar atento a la persecución de los que puedan ser cómplices, a la investigación patrimonial y el decomiso de los bienes que se puedan incautar en la condena y a investigar cualquier intento de obstrucción de Justicia, amenaza de testigos o coerción que se ejerce hacia los testigos víctimas».
Colombo aseguró que «esta connivencia entre el crimen y el poder que se da en la explotación sexual no sólo pasa en Argentina sino en todo el mundo y también se aplica a la explotación laboral, donde en mucho casos se tiende a condenar al explotador directo sin ver qué hay detrás».
Y añadió: «Esto pasa, por ejemplo, en los talleres textiles, donde se condena a los encargados del taller pero no se busca la responsabilidad de las grandes marcas o grandes grupos; lo mismo sucede en el campo, cuando se detecta una situación de explotación y la Justicia saca la foto al cuadrillero pero ése es el actor de menor jerarquía, lo que hay que hacer es ir por las cabezas».
Al hacer un balance de estos último años, Colombo concluyó que «existe una mirada más específica de los actores del Estado, que se da desde 2008 o 2009 y se profundizó tras la sanción de la ley, cuando empezaron a mirarse distinto ciertas prácticas sociales».
Como ejemplo de esos cambios, el fiscal identificó que «una de esas prácticas tiene que ver con la actividad del peón rural, lo mismo con situaciones como la mendicidad infantil, cuando estos niños tienen atrás organizaciones que no es el caso de una familia que tiene que pedir por necesidad».
El 30 de julio fue designado por las Naciones Unidas como el Día Mundial contra la Trata en 2013 tras una reunión de la Asamblea General en el que se evaluó el Plan de Acción Mundial contra este delito, que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo.
A pesar de que no hay cifras exactas sobre la trata con fines laborales, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, en tanto para las víctimas de explotación sexual las Naciones Unidos no brindan una cifra estimada.