La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó hoy que es víctima de una injusticia a raíz de la aprobación de la Cámara de Diputados del juicio político contra ella y sostuvo que está en marcha un golpe de estado del cual participa el vicepresidente Michel Temer, a quien volvió a calificar como «traidor».
En el primer pronunciamiento desde que ayer la Cámara de Diputados aprobara el envío de su juicio político al Senado, Rousseff aseguró que «en democracia» sus sueños están siendo «torturados», y anunció que intenta un modo de relanzar su gobierno con nuevas medidas económicas.
«En mi juventud enfrenté por convicción la dictadura y ahora enfrento por convicción un golpe de estado que no es un golpe como los de antes, es un intento de elección indirecta por parte de quienes no tienen votos, y es importante decir que es extremadamente extraño que el vicepresidente conspire abiertamente contra la presidenta», dijo.
La mandataria, quien aseguró que estaba «triste» pero no «abatida», señaló que confiaba en que tendrá la «oportunidad» de defenderse y demostrar que, en su caso, «se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente».
En rueda de prensa, Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad. «Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos», indicó.
Juzgó «interesante» que no haya en su contra «ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior», que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos y aliado político de Temer.
Acerca de los próximos pasos, no descartó denunciar la decisión de la Cámara de Diputados ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y dijo que el gobierno tiene mejor diálogo con el Senado que con la cámara baja.
Si el Senado acepta la denuncia en votación simple, Rousseff debe apartarse del cargo por 180 días hasta la votación final, en la cual puede ser destituida con el voto de los dos tercios de los 81 senadores.
En ese contexto, mientras prepara su defensa también busca la iniciativa política y dijo que esperaba que el miércoles el STF autorice la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, suspendida por una medida cautelar desde el pasado 18 de marzo.
«Creo que será necesario el relanzamiento del gobierno, tenemos otro gobierno para construir un nuevo camino», afirmó.