A casi cuatro meses de haber dejado el poder, la ex presidenta declarará este miércoles ante el juez federal Claudio Bonadio en un clima de expectativa tanto por su futuro judicial como por la convocatoria de miles de seguidores que decidieron congregarse para respaldarla.
La ex mandataria será indagada por la causa del dólar futuro, a partir de las 10, en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde los preparativos y medidas de seguridad comenzaron a verse desde este mediodía.
En previsión de una concurrencia multitudinaria, que comenzó a converger en la noche del martes, los móviles de televisión se apostaron frente al edificio para tener una visión privilegiada de su ingreso y egreso, aunque no se sabe por cuál puerta entrará.
Se prevé también la instalación de un vallado exterior a la reja perimetral y el despliegue de unos 300 efectivos de la Policía Federal, que desde el lunes instaló en el playón de Comodoro Py un unidad móvil con un domo para tener imágenes propias del acto.
Desde las 18 y hasta el fin de la concentración queda cortada la circulación vehicular por la Avenida Comodoro Py, entre Ramón Castillo y Antártida Argentina, por donde habitualmente ingresan camiones al puerto.
En algunos juzgados y tribunales se suspendieron además las audiencias en previsión de la dificultad que tendrán testigos y aun personal para acercarse al edificio, donde los pisos del tercero al quinto estarán vedados.
A su vez, sólo podrán ingresar los periodistas con acreditación permanente otorgada por la Cámara federal de Casación Penal.
Personal de la custodia de la ex presidente recorrerá esta noche la zona para terminar de definir el operativo de seguridad, que depende directamente del jefe de la Policía Federal, el comisario Néstor Roncaglia.
Cristina es la última de los trece citados por Bonadio en una causa por el supuesto delito de «defraudación a la administración pública» por la venta de dólares a futuro en los últimos días de su gobierno a un precio menor del que finalmente resultó tras la salida del cepo y la devaluación.
Bonadio fue reconfirmado el martes como juez de la causa por la Cámara Federal porteña ante un pedido de recusación de un directivo del Banco Central, lo que a su vez despejó las dudas sobre la realización de la indagatoria.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvieron por unanimidad que siga al frente de la causa donde, en un plazo de diez días luego de la ronda de indagatorias que concluye este miércoles, podría resolver el procesamiento de la ex presidente y los demás imputados.
La noticia se conoció cuando declaraba el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien tras la indagatoria calificó a la causa, originada en una denuncia de los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri, como una «vergüenza escandalosa».
En un escrito presentado al juez sostuvo que en las 1.000 fojas de expediente «no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio para algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión».
El ex funcionario llegó acompañado por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y otros legisladores, mientras que en un gazebo esperaban la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el artista Horacio Fontova, y el comediante y periodista Dady Brieva.
La ex presidente se presentaría acompañada por el penalista Carlos Beraldi como defensor, aunque el dato no pudo ser confirmado.
Pese a ello, tiene tiempo de empoderarlo ante el juzgado hasta el mismo momento del inicio de la indagatoria.
Fuentes seguras confirmaron además que Cristina consultó en los últimos días al procesalista ya jubilado Julio Maier, para definir su estrategia judicial. También requirió la opinión del ex ministro de la Corte Suprema. Raúl Zaffaroni, con quien se reunió el martes por la tarde en el domicilio de su hija Florencia, en el barrio de Constitución.
Kicillof calificó de «esotérica» la decisión del juez «determinar si el precio del dólar a futuro era correcto o no».
«Esto no es una práctica argentina; todas las autoridades monetarias del mundo realizan intervenciones en diversos mercados con el objetivo de alterar los precios vigentes de acuerdo a las metas de política económica que buscan alcanzar», afirmó.