Tras más de 19 horas de debate, el plenario de la Cámara baja avaló el proyecto con 165 votos a favor y 86 en contra (estos últimos en su mayoría del Frente para la Victoria), y cinco ausencias.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto del Poder Ejecutivo de Normalización de la Deuda Pública que permitirá cerrar un acuerdo con los fondos buitre y así salir del default, en una votación en la que el oficialismo contó con el respaldo del Frente Renovador, del bloque Justicialista y del socialismo, entre otras bancadas.
Tras más de 19 horas de debate, el plenario de la Cámara baja avaló el proyecto con 165 votos a favor y 86 en contra (estos últimos en su mayoría del Frente para la Victoria), y cinco ausencias.
El proyecto también contó con respaldo del GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista y de diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero, quienes aportaron al quórum.
El Frente para la Victoria, la izquierda y Libres del Sur se opusieron al acuerdo, aunque los 86 votos en contra no fueron suficientes para desaprobar el proyecto, que el Senado comenzará a tratar este mismo miércoles.
A la hora de la votación, se registraron algunas rebeldías en el Frente para la Victoria, como la de la tucumana Miriam Gallardo, que votó a favor del proyecto. “Deseo que a Tucumán se le garantice la gobernabilidad y la paz social”, justificó, siguiendo órdenes de su gobernador Juan Manzur.
El oficialismo no tuvo dificultades para reunir el quórum y la sesión inició minutos antes del mediodía con 147 presentes, es decir, 18 más que los 129 que se requieren para iniciar las deliberaciones.
La sesión fue presidida por Emilio Monzó, mientras una multitud de militantes kirchneristas y de izquierda se concentraba en las afueras del Palacio Legislativo contra el pacto alcanzado con los fondos buitre.
El texto, que sufrió varias modificaciones a lo largo del debate, autoriza a tomar deuda para pagarle a los tenedores de bonos en default, aunque eso no se producirá hasta que quede firme el fallo del juez Griesa puesto en suspenso por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
El Gobierno apuesta a ponerle punto final al conflicto para tomar deuda en el mercado internacional y financiar así su plan económico; tal es así que el propio presidente Mauricio Macri advirtió que si fracasa el acuerdo en el Congreso, se verá obligado a aplicar un “ajuste” en el gasto público.
Para poder avanzar con el pago a los bonistas, el proyecto deroga la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, sancionadas durante el kirchnerismo.
A pedido de los bloques liderados por Bossio y Sergio Massa, Cambiemos aceptó incluir un tope de endeudamiento de 12 mil 500 millones de dólares -la cifra estimada que se necesitará para cumplir con el pago es de 11.684 millones-.
También se introdujo a último momento un agregado para que todos los bonistas que firmen y cobren no puedan litigar más contra la Argentina, sumado a la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país frente a posibles demandas.
De acuerdo a otra modificación que impulsó el radicalismo, las comisiones que cobran los bancos no podrán superar el 0,20 por ciento del monto de la emisión de bonos.
La evolución de las negociaciones con los bonistas seguirá siendo monitoreada por una comisión bicameral del Congreso, dado que aquella que se había constituido a partir de la Ley de Pago Soberano tuvo un funcionamiento nulo.
El Senado arrancará a discutir el proyecto a partir de las 14 con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, en la que será la primera de una serie de reuniones de comisión.
En la Cámara alta, Cambiemos sí aspira a contar con respaldo del Frente para la Victoria, sin el cual la ley no saldrá; en esa disyuntiva se hallan los senadores que representan los intereses de gobernadores peronistas ávidos de fondos para sus provincias.
«Les guste o no les guste»
El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, criticó con dureza las negociaciones de deuda encaradas por el kirchnerismo: “Les guste o no les guste, despilfarraron la plata de los argentinos”, denunció al cierre del debate por el acuerdo con los holdouts.
Al hablar alrededor de las 8.30 de la mañana del miércoles, Negri detalló que, entre las reuniones de comisión y en el recinto, en total fueron “48 horas de debate” del arreglo con los fondos buitre para salir del default. También precisó que 11 de los 19 artículos del proyecto fueron modificados con aportes de la oposición y del propio oficialismo.
“Nosotros no venimos a sacarnos las ganas con los discursos. Venimos a tratar de resolver un problema en un contexto de debilidad, porque tenemos sentencia firme en contra”, explicó el cordobés, presidente del bloque radical.
Los cambios del proyecto
El oficialismo aceptó importantes modificaciones en el proyecto original para garantizarse el apoyo de bloques opositores y darle media sanción al acuerdo con los holdouts en la Cámara de Diputados.
Uno de los cambios más importantes el límite a la toma de deuda. El proyecto original del Gobierno nacional no fijaba cifras para el endeudamiento. Pero a pedido de los bloques de Diego Bossio y Sergio Massa, Cambiemos aceptó incluir un tope de 12 mil 500 millones de dólares -la cifra estimada que se necesitará para cumplir con el pago es de 11.684 millones-.
El articulado de la ley especifica además que todos los préstamos que sean tomados con ese fin deben ser destinados exclusivamente para el pago de deuda. En caso de que llegase haber algún excedente, deberá ser imputado a la autorización de endeudamiento votada con el Presupuesto 2016.
También se incluyó una cláusula para evitar un revés judicial fuera del país. De esta manera, Cambiemos aceptó que se condicione el pago a los holdouts a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina.
Sin embargo, y pese a las críticas planeadas desde adentro del oficialismo, la iniciativa prorroga la jurisdicción extranjera para la resolución de los litigios contra el país.
Además se contempló la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país frente a nuevas demandas. El objetivo es impedir que algún bonista utilice con la nueva toma de deuda la estrategia inaugurada por los holdouts en los tribunales de Estados Unidos.
Así, en caso de que el país disponga un canje de deuda, el artilugio legal fuerza a que todos los acreedores deban tomar la propuesta de pago argentina si al menos el 66 por ciento de ellos la acepta.
Cambiemos también aceptó incluir una cláusula para impedir que futuras propuestas a los holdouts que no están contemplados en este acuerdo puedan superar a la actual, que es calculada a partir del monto del capital adeudado más el 50% de ese mismo capital. El acuerdo incluye además la inclusión de un pedido para que el juez Thomas Griesa dicte un «stay» que deje abierta la oferta por cinco años para otros holdouts que quieran acogerse a la propuesta.
Otra modificación relevante es el pago recién después de que se levante el Pari Passu. El macrismo aceptó reformular el artículo 5 para que el pago a los holdouts se realice sólo después de que se concrete el «levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu». El fallo del juez Griesa se basa sobre una interpretación sin precedentes de esa cláusula: en su fallo, el magistrado consideró que la cláusula que garantiza que todos los bonistas sean «tratados igualitariamente» debía ser entendida como que a cada uno de ellos debía pagárseles lo que se les debe.
Asimismo se aumentan las atribuciones que tiene la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que realizará un seguimiento permanente. De esta manera se faculta al Congreso a fiscalizar el manejo de los fondos para que no se utilicen para gastos corrientes. Y por requerimiento del massismo, el informe periódico que iba a ser semestral ahora se hará cada tres meses.
Por otra parte, se estableció un límite a las comisiones: para evitar suspicacias sobre los beneficios que cobrarán bancos e intermediarios por la colocación de los nuevos bonos de deuda argentinos, el oficialismo aceptó incluir en la ley un tope máximo de 0,2% a las comisiones.