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Entrevista a Angel Bassino, presidente del Colegio de Abogados
«Juristas de mucho prestigio»
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal del país recibieron con «beneplácito» la decisión del presidente Mauricio Macri de haber designado a dos juristas de notas para integrar el organismo.
«Son juristas que conocemos, de mucho prestigio», declaró Lorenzetti durante la ceremonia de homenaje a Carlos Fayt, magistrado que se retiró del máximo tribunal de justicia el viernes pasado tras más de 30 años de servicio.
En el breve contacto que tuvo con la prensa, el titular de la Corte evitó refererirse al cuestionado procedimiento que Mauricio Macri utilizó para designar a los magistrados Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti en los puestos que dejaron vacantes Fayt y Eugenio Raúl Zaffaroni. «Quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte», explicó.
Ante la insistencia de los periodistas presentes, Lorenzetti luego reiteró: «No tenemos ninguna opinión que dar al respecto. Es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está en la ley y en el Parlamento».
Decretos
El Gobierno Nacional oficializó el decreto de Mauricio Macri sobre la designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que designó al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, según los decretos 83 y 66, publicados en el Boletín Oficial.
El primero designa «a los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz (DNI 13.031.536) y Horacio Daniel Rosatti (DNI 12.696.450), en los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional».
El segundo artículo del mismo decreto «encomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inmediata implementación del procedimiento previsto en el Decreto N° 222/03, a los fines de la oportuna designación» de los mencionados «en calidad de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a las previsiones del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional».
Se aclara que el Presidente está habilitado a «llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Asimismo, se confirma en el texto del decreto que los pliegos de los magistrados designados serán enviados al Senado para su aprobación definitiva: «toda vez que oportunamente se le enviarán los pliegos respectivos de los jueces designados en comisión, los que deberán recibir el correspondiente acuerdo del Senado durante el siguiente período de sesiones legislativas, a fin de ser confirmados en el cargo, cesando en el mismo al final de dicho período legislativo en caso de no obtener dicho acuerdo».
La decisión lleva la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
En tanto, el decreto 66 designa al doctor Juan Bautista Mahiques (DNI 28.143.289) como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura.
La oficialización lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la del ministro de Justicia, Germán C. Garavano.
Por decreto 60/15, fue designado secretario de Justicia, Santiago Otamendi, DNI 17.359.707, que ocupará el segundo lugar detrás del ministro Garavano en la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Al cruce
Juristas, abogados, y dirigentes opositores salieron al cruce de la designación del presidente Mauricio Macri de nombrar por decreto las dos vacantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Daniel Sabsay, uno de los abogados constitucionalistas que más se opuso a las leyes y medidas impulsadas por el kirchnerismo, calificó la decisión de Macri de «disparatada» al señalar que se trata de una medida de una «inconstitucionalidad manifiesta» por haber sido ejecutada sin contar con el respaldo de la Cámara alta.
«El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?», fustigó el especialista hoy en radio América.
Además, el jurista planteó que el artículo 99 de la Constitución Nacional «está derogado por la costumbre contraria» (la lex consuetudo), ya que la última vez que se aplicó fue en 1852, cuando se sancionó la Carta Magna. «Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubieramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lagrimas y esto me horroriza», fustigó Sabsay.
A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial de Progresistas, Margarita Stolbizer, también coincidió que ni Cristina Kirchner «se animó a tanto» y se lamentó por el «primer y grave traspié del Presidente Macri».
«Nombrar por decreto jueces en comisión a la Corte es un terrible retroceso institucional. El mecanismo constitucional del Acuerdo y los 2/3 del Senado son lo que otorga equilibrio a los poderes y legitimidad al nombramiento», afirmó la dirigente opositora. Y remató: «La decisión no es propia del Estado de derecho».
Por la misma red de microblogging, el jurista Andrés Gil Domínguez se sumó al coro de críticas al advertir que el nombramiento de los jueces por decreto, «sin situación de excepción que lo justifique es inconstitucional, elitista y antirepublicano». «Luchamos contra los jueces subrogantes y ahora tenemos jueces de la Corte subrogantes», afirmó el abogado constitucionalista en Twitter, quien en su momento se opuso a la Ley de Medios, y especificó que la medida de Macri «implica desconocer los fallos Rizzo, Aparicio y Uriarte» sobre la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el secretario general de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, dijo en Radio del Plata: «Esta manera de resolver el tema de cubrir las vacantes es poco democrática y republicana. No nos sorprende para nada que se hayan manejado de esta manera, lo cual no quiere decir que lo vayamos a tomar con parsimonia. Todo lo contrario». Entre este martes y el miércoles, los legisladores del Frente para la Victoria se reunirán para decidir los pasos a seguir ante el decreto de Macri.
Por su lado, el abogado del ex juez Carlos Fayt y presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, también se mostró disconforme con las designaciones y señaló que los ministros del máximo tribunal «deben surgir del consenso y el conocimiento. No entiendo qué es colocar ministros de la Corte en Comisión. Empezamos mal Mauricio», afirmó.
Otro de los que se mostraron contrariados por la medida fue el senador del PJ no kirchnerista, Jorge Yoma. En su opinión, coincidió con la interpretación de que el artículo 99, inciso 19, solo aplica a los funcionarios del Poder Ejecutivo y que «no tienen estabilidad», por lo tanto, no aplica a los jueces. De la misma manera se opuso a que el Presidente desplace a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
«Si el Presidente puede nombrar por decreto la Corte Suprema y por la misma vía echar al Procurador General, devuelvo mi diploma y me hago coiffeur», bromeó en su cuenta de Twitter.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, fue mucho más allá con los cuestionamientos y calificó de «intrusos» a Rosatti y Rosenkrantz por ser designados «sin ningún tipo de legitimidad».
«Esta decisión tiene un componente de fuerte discrecionalidad y es a todas luces inconstitucional. Me gustaría escuchar la opinión de los otros jueces de la Corte, que van a tener que convivir con intrusos. Estos supuestos jueces van a tomar decisiones que creo serán invalidadas», sostuvo por radio Vorterix.
Por la misma emisora, el ex vicepresidente senador radical Julio Cobos se mostró «sorprendido» por la decisión de Mauricio Macri: «No encuentro razones para que sea por decreto y no por envío al Senado y convocatoria a sesiones extraordinarias, si es que hay celeridad a su criterio».