Lo resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Respondió así a un planteo del frente que lidera el opositor José Cano, quien denunció maniobras fraudulentas . Ordenó que se convoque a una nueva votación. El oficialismo apelaría la decisión
Al cabo de una jornada cargada de expectativa por la decisión, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo avaló el pedido de nulidad que presentó el opositor el Acuerdo para el Bicentenario. De ese modo, la Justicia ordenó que se vuelva a votar.
La decisión fue comunicada al caer la tarde de este miércoles. El fallo resolvió «hacer lugar parcialmente» al requerimiento que hizo el frente de José Cano, luego de denunciar numerosas irregularidades tanto en la votación como en el escrutinio. «La elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación», decía ese escrito.
Cano pidió que se anulen los comicios y se vuelvan a convocar en coincidencia con las elecciones generales del 25 de octubre.
La sentencia da un plazo de 48 horas para que se presente una posible apelación. En efecto, se preveía que cualquiera de las partes que no resultasen satisfechas con la decisión acudiría a esa vía.
Ante las versiones que indicaban un pronunciamiento de esta naturaleza, el gobierno de José Alperovich, que llevó a Juan Manzur como candidato, evaluaba apelar a la Corte Suprema de la provincia, o incluso presentar un recurso de per saltum para que sea el máximo tribunal del país el que resuelva.
Pese a que regía hasta hoy una medida cautelar que impedía decretar un ganador de los comicios, el oficialismo celebró el lunes la victoria de Manzur que reflejó el escrutinio definitivo. Según ese conteo, el ex ministro de Salud se había consagrado gobernador con el 51,64% de los votos por sobre Cano, que obtuvo el 39,94%. Y de hecho el apoderado del PJ de Tucumán pidió hoy a esa Cámara que reconozca tal resultado.
La elección estuvo plagada de denuncias, que iban desde irregularidades en la carga de datos, en la designación de funcionarios de la Junta Electoral, y en el de las autoridades de mesa. También hubo acusaciones en cuanto a la cadena de custodia de las urnas.
El escándalo que rodeó el proceso fue eje de una dura disputa en el orden nacional. Es que el hecho consiguió unificar al conglomerado opositor detrás de un reclamo de transparencia, mientras que el oficialismo exigió en repetidas ocasiones que se valide la votación.