Crisis de Gamsur – «Igualmente evidente resulta que los representantes públicos han confundido los intereses que defienden: las ganancias de la empresa o el control de los costos y la calidad del servicio contratado por el estado. Numerosos aspectos han sido cuestionados desde un tiempo a esta parte…»
Fundamentación de los concejales Eduardo Scoppa y Enrique Novo al pedir que una comisión investigue los pagos a Gamsur:
«Actualmente, el principal contrato de prestación de servicios públicos que tiene la Municipalidad de Río Cuarto, aquel por el cual se prestan los servicios de Higiene Urbana, esta siendo observado públicamente tras la culminación de la auditoria que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas.
La mirada está puesta sobre la estructura de costos que actualmente declara la empresa prestataria del servicio, de la cual el propio Municipio es accionista, a los efectos de determinar si los mayores costos reconocidos por el Departamento Ejecutivo Municipal para el año 2008 son correctos o no.
Desde este cuerpo deliberativo, también se dieron procesos de estudio en torno a la vinculación contractual entre la propia Municipalidad de Río Cuarto y Gamsur S.E.M.. En el marco de la Ordenanza 27/08 ha sido presentado un informe por parte de algunos miembros que conformaban dicha comisión para expedir su opinión sobre los temas solicitados. Paradójicamente, quienes impulsaron la creación de la comisión no se encargaron debidamente de hacerle cumplir con su cometido, mucho menos de abordar tan delicado asunto con la seriedad que correspondía.
Se trató también en este cuerpo el mecanismo por el cual se le reconocerían los mayores costos a la empresa sin siquiera poder acceder a un elemento en el cual constatar cuales eran las variaciones en los costos de la empresa. El propio DEM terminó acordando, negociando, los mayores costos, sin tener una sola planilla en la cual constaran cuales eran los mayores costos de la empresa. Sin someter a un profundo estudio dicha presentación, se habló en numerosas oportunidades y lugares del acuerdo al que se había llegado con la empresa (la firma del Acta Acuerdo de principios de 2009 es la mas fiel expresión de lo que estamos planteando). Ha quedando también evidenciado que los representantes públicos estuvieron y están preocupados por las ganancias empresariales y no por que el estado pague por una correcta prestación de un servicio público una cifra correcta, no manipulada, ni mucho menos malintencionada.
Las cifras del contrato en cuestión se han transformado en una importante carga y no se ha percibido a lo largo de los últimos años de funcionamiento de la empresa que los representantes del municipio defiendan los intereses del estado dentro de la empresa (control de los costos y calidad óptima de los servicios contratados). Evidentemente, no sería necesario someter a procesos de auditoría ni investigación a la empresa si los representantes públicos (directores y síndicos) estuvieran abocados profundamente al conocimiento de las actividades que realiza la empresa y sus respectivos costos de funcionamiento, y a la vez los mismos fueran puestos a disposición pública. Igualmente evidente resulta que los representantes públicos han confundido los intereses que defienden: las ganancias de la empresa o el control de los costos y la calidad del servicio contratado por el estado.
Numerosos aspectos han sido cuestionados desde un tiempo a esta parte. El tipo de vinculación contractual, el mecanismo por el cual se reconocen las variaciones de costos de la empresa, la eficiencia de la empresa, el costo del servicio, la calidad de los mismos, entre otros tantos.
Desde su conformación como empresa mixta Gamsur S.E.M. nunca había sido auditada, mucho menos controlada con la profundidad que se merece por parte de la oposición, razón por la cual saludamos el proceso iniciado desde el Tribunal de Cuentas. Llaman la atención las reacciones y declaraciones tanto de los accionistas privados de la empresa como del Director de la parte pública, ambos en defensa cerrada de los números de la empresa, no reconociendo las facultades de investigación propias de los diferentes órganos de gobierno y control del estado. En un contexto donde la transparencia y el acceso a la información pública son ejes centrales para la administración de la cosa pública cuesta entender estas reacciones, mucho más de los representantes por parte del estado en la empresa.
Entendemos debemos apoyar el proceso de auditoría iniciado por el Tribunal de Cuentas y ampliarlo con la conformación paralela de una Comisión Investigadora que se aboque al estudio de la estructura de costos de Gamsur S.E.M. dado que este cuerpo no ha podido acceder a dicha información en el momento del tratamiento del tema aun cuando la misma fuera solicitada al DEM, del mismo modo que en diversas oportunidades los representantes públicos»