En la denuncia presentada ante el fiscal federal Guillermo Lega, dos testigos avalaron las sospechas de irregularidades contra el funcionario de ANSES Luciano Giuliani y el dirigente de HIJOS Mariano Cessano.
En el primer caso, un ex preso político afirmó que acompañó a la denunciante a buscar documentación en la Casa de la Memoria en que estaba vinculada con el pedido de una pensión. Además, relató haber padecido una circunstancia similar y que demoró años la resolución de su reclamo.
En la Justicia Federal no creen que desestime la denuncia el hecho de que no se haya iniciado un expediente, como afirmó el titular de ANSES Sergio Rivarola. «La mujer asegura que presentó la documentación y si no se iniciaron los procedimientos habituales sería otra irregularidad», enfatizó una alta fuente del caso.
Además, una familiar de la denunciante, quien se encuentra internada por una grave enfermedad, fue quien aseguró haber recibido «la visita» de Cessano, quien le habría pedido que retire la acusación.
El fiscal Lega dijo en diálogo con Telediario que «quien recibió la documentación de la ex presa política debió haber iniciado el trámite y remitir los elementos a la Secretaría de Derechos Humanos»
«Cuando se elevó el requerimiento de investigación se advirtió que podrían haber dos irregularidades: la primera es que no se tramitó en debida forma para que llegue la documentación a la secretaría en tiempo y forma. La segunda, es que se debió haber formado un expediente por parte del responsable y en la denuncia se apunta a Giuliani», enfatizó.
Testimonio
Este lunes, la Justicia tomó la testimonial del titular de ANSES, Sergio Rivarola, y en los próximos días resolverá si cita a indagatoria a los imputados.
Según señaló Rivarola, la denunciante «nunca inició un trámite sobre esta pensión ante el ANSES» y consideró que la sospecha «no tiene asidero».
El Juzgado Federal investiga al funcionario de ANSES y al dirigente de HIJOS por el presunto traslado a la Casa de la Memoria de expedientes por trámites de ex presos políticos a la Casa de la Memoria.
«Hemos explicado como son los procedimientos y respondimos todas las consultas. Lo que podemos decir como conclusión, en el caso puntual de la denuncia, de que no hay ningún tipo de expediente abierto en ANSES», enfatizó.
Para el funcionario, «el supuesto desvío del expediente carece de asidero simplemente porque no está»
Conferencia
En conferencia de prensa, los acusados – Giuliani y Cessano – señalaron que están “a disposición de la Justicia” y que buscan “declarar ante la Justicia para explicar lo que pasó”. Lo lamentable y repudiable es que impidieron el ingreso del periodista Gabriel Marclé, movilero del programa Así son las cosas en la radio, de FM Gospel.
Giuliani sostuvo que desconocen “quien es la denunciante” y destacó: “No podemos saber si inició ó un trámite. No tenemos mala leche y jamás amenazaríamos a alguien”
Añadió que “la mejor noticia sería que nos cite a una indagatoria para explicar” y confirmó que el titular del ANSES Sergio Rivarola va a presentar un informe el próximo lunes en la Justicia Federal.
Giuliani aseguró que los expedientes “no estuvieron en la Casa de la Memoria”, mientras que Cessano consideró que “Valverde no dice la verdad” sobre la denuncia por amenazas a la denunciante.
Investigación
El abogado Benjamín Valverde, asesor de la denunciante, dijo que se trata del caso de presos políticos que denunciaron que sus expedientes para tramitar pensiones en Anses “fueron llevados ilícitamente a la Casa de la Memoria, frenando sus trámites”.
El letrado señaló que la Justicia Federal ya está en plena investigación de los hechos y no descartó que hubiese otros implicados.
Aunque Valverde sostuvo que “se promovió instrucción para conocer si hubo ó no delito, aunque aún no se produjo una imputación formal con citación a indagatoria”, el fiscal Federal Guillermo Lega confirmó que Giuliani y Cessano “están imputados”
Valverde señaló que la semana que viene comenzarían a tomar testimoniales para determinar “que fue lo que pasó”.
Precisó que la mujer que efectuó la denuncia inició el reclamo judicial porque “no avanzaba” y se habría determinado que el expediente había sido retirado del ANSES y derivado a la Casa de la Memoria.
Posteriormente, la damnificada, quien padece una enfermedad que la obliga a estar internada, habría sido amenazada por Cessano y otras personas.