Una jueza de Río Grande había ordenado embargar por u$s156 millones a empresas británicas y norteamericanas denunciadas por explotación ilegal. «Las leyes domésticas no aplican en Malvinas», consideró Gran Bretaña
Hugo Swire, ministro de Estado para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña, dijo: «En los últimos días hemos visto el último ejemplo flagrante de las autoridades argentinas y la inaceptable campaña por estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas».
El funcionario se refería al embargo trabado por la jueza Lilian Herráez luego de una denuncia realizada por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio de Vido.
«Hemos sido absolutamente claros con respecto a que las leyes domésticas no aplican en las Malvinas ni en las aguas que las rodean», dijo Swire, en referencia a la posición tomada en 2013 tras conocerse la ley que plantea sanciones a petroleras.
«Esta decisión, motivada políticamente, de apuntar a activos de empresas es un intento totalmente inaceptable por ejercer la jurisdicción extraterritorial. No tiene ninguna justificación legal», agregó Swire.
En su declaración, el funcionario de Londres remarcó: «Esta acción, dirigida a empresas de petróleo y gas británicas e internacionales, tiene peligrosas implicancias para los negocios globales. El gobierno de la Argentina debería abstenerse de provocaciones injustificadas de este tipo».
Swire defendió la posición de los kelpers, que «tienen todo el derecho a decidir sobre su propio futuro, de manera particular sobre el desarrollo de su economía».
Luego de asegurar que «los planes de las Malvinas por desarrollar su industria de hidrocarburos son un emprendimiento comercial legítimo», Swire sentenció: «Como siempre, estamos detrás de los isleños y confiamos en que la comunidad internacional seguirá resistiendo las amenazas de la Argentina».