Tras las presentaciones del abogado Zacarías Rigo y el asesor letrado René Bossio, se suspendió la medida que estaba prevista para el martes. El IMV ya había adelantado que la mujer no usurpó la casa y que tenía la tenencia
Desde el Juzgado de primera instancia y primera nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, a cargo de José Antonio Peralta, se resolvió suspender el desalojo ordenado en una humilde vivienda de barrio Limay, donde residen una mujer y sus cuatro hijos. Así lo confirmó el doctor Zacarías Rigo, abogado de la mujer.
La decisión de ordenar un desalojo había sido calificada como «sumamente reprochable» por los responsables del Instituto Municipal de la Vivienda que habían otorgado a Cintia Romero la ocupación de la vivienda. Además, el abogado de la mujer, quien asumió la defensa a partir de que se conoció públicamente el caso a través de Telediario, resaltó que «fue un error grave» no haber dado participación a la asesoría letrada para que «alguien custodiaría los derechos de los menores afectados».
Pedido de jury
Sobre el juez Peralta pesa un pedido de jury de enjuiciamiento solicitado por el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien lo acusò en el 2010 por mal desempeño.
La destitución se pide por “distintas y reiteradas actitudes adoptadas por el magistrado en lo cotidiano de su labor judicial. Se trata de un cúmulo de comportamientos que deben ser ponderados en modo integral, como un universo conductual, que exponen una actitud desaprensiva respecto de los cometidos propios de su función”, dejó sentado Vezzaro en su denuncia.
A Peralta le atribuye concretos casos de “falta de diligencia en la tramitación de causas en las que el procedimiento respectivo y el interés comprometido imponían una especial presteza”. Asimismo, le endilga “ostensible y reiterada violación al deber de fundar lógica y legalmente sus pronunciamientos” y se advierte de que por este motivo el juez registra “un elevado y preocupante número de fallos revocados”.
Según informó el diario Comercio y Justicia, del pasado 25 de marzo, se espera que el Tribunal de Ética del Poder Judicial analice la causa sobre el juez riocuartense.
Peralta quedó en la mira del Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2007 a raíz de la publicación de la revista mensual El Sur que dio detalles sobre una demanda en su contra por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Además, esa revista hizo mención a un engorroso episodio ocurrido en 2005 en los Tribunales cuando, en pleno juicio, una adolescente de 15 años que era obligada a trabajar como prostituta contó que entre la lista de sus clientes habituales se encontraba “un tal Peralta, alto, de anteojos, de Tribunales”.
«Reprochable»
Tras conocer la situación de Cintia Romero, la mujer que podría ser desalojada con sus cuatros hijos de una vivienda en barrio Limay, Américo Balmaceda, director del Instituto Municipal de la Vivienda, dijo que “el fallo del juez -José- Peralta es sumamente reprochable”.
Balmaceda confirmó que el IMV emitió un certificado de ocupante que le concede a Cintia el uso legal de la vivienda que fue construida por el municipio hace más de 20 años.
“Ni siquiera se dio intervención al ministerio tutelar porque hay menores de edad de por medio y es el asesor legal quien debe velar por los intereses y por la tranquilidad de los chicos”, dijo el funcionario.
Para Balmaceda, “Cintia está en condiciones de ejercer esos derechos, dado de que es nieta de quien era el titular de la casa”.
Por su parte, la licenciada Carolina Cáceres, asistente social del IMV, confirmó que en el 2013 emitieron un “certificado de ocupante” para que la mamá y sus hijos puedan quedarse en la vivienda. Sin embargo, la Justicia no fue notificada de la decisión.
“Haremos un acompañamiento, traduciremos los términos legales, y desde el estado vamos a sugerirle alguna otra alternativa si sucede lo peor”, enfatizó.
Tal como anticipó ayer Telediario, Cintia recibió una orden desde el juzgado civil del Juez Peralta para que desalojen una humilde vivienda en barrio Limay. Ante el ultimatum judicial, los vecinos se solidarizaron y piden evitar que la familia quede en la calle.
Lo sorprendente es que el juez en lo Civil avanzó con el desalojo a pesar de la situación social que enfrenta a Cintia y sin advertir al área de Viviendas del municipio, que tiene la potestad sobre el terreno y la vivienda.
“Liviandad”
“En el expediente se dejó pasar la falta de un asesor que defienda el derecho de los niños. Esperamos que el Tribunal contemple esta situación” Lo dijo el doctor Zacarías Rigo, quien asumió la defensa de Cintia.
“Partimos de la base de que es no una vivienda de un tercero, sino del Estado, y es importante que el IMV participe del juicio. Aquí está involucrado el derecho privado y público”, enfatizó en diálogo con Telediario.
El letrado dijo que “se inicia un desalojo con dos elementos para acreditar: Una foto junto al ex intendente Antonio Rins y un impuesto de EPEC”
“A mi criterio no contaron con documentación necesaria para avanzar en un desalojo. Se tomaron con liviandad algunas cuestiones y hay un error grosero en que los menores no tuvieran representación”, expresó.
Para Zacarías Rigo, “es palpable que Cintia y sus hijos se merecen esa casa”.
La historia
En diálogo con Telediario, los afectados señalaron que el adjudicatario original falleció y desde hace 8 años ocupan la casa.
El barrio se construyó durante la gestión del ex intendente Antonio Rins, a partir de un plan municipal de relocalización de las familias que residían en el arroyo El Bañado.
El objetivo, según indicaron desde el IMV, era priorizar la ocupación de madres con hijos, aunque con el paso de los años no llegaron las escrituras y surgieron conflictos habitacionales.
“El martes me quieren desalojar y estoy sola con mis cuatro nenes. Solo me ayudan mis vecinos y no se que hacer. Acá vivía mi tío que cuidaba a un anciano que murió y ahora la reclama, después de 8 años. Si me sacan, me quedo en la calle”, relató conmocionada Cintia Romero.
La mujer aseguró que el demandante “quiere la casa para venderla ó alquilarla y esto no se puede hacer porque son casas municipales”.
“Si me dan un casa me voy, pero no me puedo ir sola con mis hijos. Necesito un lugar para estar”, manifestó Cintia, quien está a cargo del grupo familiar y fue víctima de violencia, según denunció ante la Justicia.