De Rivas consideró que Cotreco «no ha justificado por qué piden mayores costos». Por su parte, Di Santo sorprendió al reconocer que podrían rescindir el contrato y evaluar un nuevo pliego.
En el Juzgado Civil de Rolando Guadagna se realiza la audiencia por la situación de Cotreco y el riesgo de posible caída del contrato entre la firma qa cargo de la recolección de residuos y el municipio.
En la sala estuvieron presentes el defensor del Pueblo Guillermo De Rivas, concejales de los tres bloques parlamentarios, asesores legales de la firma y el fiscal municipal Hernán Di Santo.
De Rivas consideró que Cotreco «no ha justificado por qué piden mayores costos». Por su parte, Di Santo sorprendió al reconocer que podrían rescindir el contrato y evaluar un nuevo pliego.
«Dar participación»
Ignacio Fernández Sardina, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Cuarto, había negado que Cotreco se presentara ante la Justicia para rescindir su contrato.
«El alcance de la audiencia convocada por el juez es darle un sentido de participación amplio al proceso. Es la oportunidad de escuchar no solo a los bloques políticos del Concejo Deliberante, sino también al gremio de los trabajadores del Surrbac y también a la gente» opinó Fernández Sardina.
El funcionario sostuvo que «se intenta dar una amplia participación a un problema que nos involucra a todos».
«Cotreco no ha pedido irse de Río Cuarto, si le ha pedido al juez que elimine un estado de incertidumbre en torno si puede irse sin responsabilidades, sin que se le aplique los mecanismos del pliego, sin fondos de reparo ni seguros de caución», aseveró.
En la mira
El funcionamiento de Cotreco y su vínculo con el Estado es consecuencia de su historia. «El mejor negocio» fue, en realidad, la debacle de un servicio que antes era bien calificado por los vecinos y la estatización de la deuda que los privados vendieron con sus acciones.
El intendente Juan Jure había asumido el legado de Gamsur en medio de un alza inflacionaria que se inició el 2008, al finalizar la crisis del campo. En medio de la negociación con los empresarios, el gremio de Surrbac brindó una señal de poder con el guiño patronal y lanzó toneladas de basura frente al Palacio de Mójica.
Desde el Ejecutivo continuaron en una tensa discusión que derivó en una profundización de la crisis. Los socios privados resolvieron vaciar lentamente de insumos a Gamsur, mientras advirtieron a través de los medios sobre una caída inminente del servicio.
El municipio decidió comprar la mayoría accionaria privada y en ese paquete de negocio se produjo la millonaria estatización del pasivo.
Comenzó un proceso en el que Gamsur estuvo al mando de una dirección municipal y el gremio Surrbac, aprovechando un dominio «de mano blanda», asumió un rol protagónico en la empresa. La postal más evidente fue la inauguración de la sede frente a ruta 8 donde el intendente Jure y el presidente de Gamsur, José Lago, solo pudieron secundar la presencia de Mauricio Saillen, secretario general de Surrbac.
El gremio cada vez exigía más, recibía cuantiosos beneficiosos por premios que se negociaban desde el apriete y su principal referente sindical en la ciudad fue detenido por utilizar una camioneta de la firma para ir a un baile de Sabroso. Cuando regresaba del evento en Sampacho, protagonizó un accidente fatal en el que murió un riocuartense. El fin estaba cantado.
En septiembre de 2011, el municipio decidió transferir el contrato a Cotreco, la única firma que aceptó las condiciones del convenio. La firma recibió 234 empleados y ahora tienen 271 en su planta.
Gamsur, que somos todos, se convirtió entonces en una entelequia, con una deuda millonaria y un pedido de quiebra aceptado por la Justicia.
En un goteo interminable, Cotreco decidió negociar mayores costos en la Justicia y el municipio parece ceder para no recaer en un eventual plan B, que por condiciones políticas, temporales y económicas, aparece imposible para una gestión que solo tiene un año y medio por recorrer.
El contrato que recibió la empresa vence el 31 julio de 2016. Es decir que el próximo gobierno municipal deberá resolver si prolonga el convenio, realiza una nueva licitación o devuelve el servicio a Gamsur, una firma que es solo un sello con una pesadísima deuda.
El municipio está pagando más de 14 millones de pesos por mes para cubrir las prestaciones de recolección de residuos, recolección de patógenos, semaforización, iluminación y barrido. El servicio se multiplica en reclamos a través de los medios, el municipio y hasta la propia Defensoría del Pueblo. Un legado que condiciona al Estado local y pone en jaque la paciencia de los vecinos.