Los votantes eligen al intendente y una lista sábana que lo acompaña en la misma boleta. Los elegidos llegan por vínculos personales y partidarios aunque resulten completos desconocidos para la gente. Nunca faltará alguna secretaría ó nueva área administrativa que permita cumplir con alguna promesa interna de campaña ó garantizar la permanencia de funcionarios que sirven de moneda de pago a alianzas sectoriales. Si antes no estuvieron los mejores debido a los bajos ingresos, nadie se anima a aventurar que la calidad profesional ya comienza a golpear las puertas de los edificios oficiales…
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar) – «Desde hace años pierdo mucho plata por estar acá» La frase no solo es polémica sino que emerge como parte del sentido íntimo que tuvo la discusión por el aumento salarial para funcionarios y concejales, que se vivió en la última sesión del parlamento local. Víctor Núñez no se sonrojó, por el contrario, le dio énfasis al razonamiento sobre por qué era necesario que su salario y el de sus pares se incrementara en más del 140 por ciento.
Núñez no tuvo reparos en responder con absoluta sinceridad al reproche que surgió de la indignación colectiva de los riocuartenses, antes de culpar a los medios por “promoverla”. El titular del bloque de Unión por Córdoba reprendió al desagradecido aparato comunicacional que «aprueba o desaprueba a los que se animan a poner la cara».
La discusión sobre los salarios en la función pública requiere de un debate complejo que a duras penas comienza a emerger. También es necesario evaluar las normas que resuelven cuándo es posible su tratamiento. La Carta Orgánica obliga a fijarlos en el inicio de cada mandato y les impide a los concejales un nuevo planteo durante los 4 años de gestión.
En la última sesión los ediles solo tuvieron tiempo para armar la defensiva a la avalancha de críticas recibidas y buscar en culpas ajenas la explicación a la silenciosa complicidad que habían asumido.
Ni las marchas de los obreros de la construcción ni el presunto amarillismo del periodismo local parecen razones admisibles para que no hayan argumentado sobre por qué se beneficiaban a si mismos con el mayor aumento salarial que jamás hayan recibido «los trabajadores de la política». Sobre todo, después de haber asegurado que el incremento no llegaría hasta el 2009 y que se daría en porcentajes sustancialmente inferiores a los aprobados. Las excusas injustificables no lograron que el consenso unánime obtenido en las oficinas a puertas cerradas derivara en un rechazo mayoritario.
La necesidad de una actualización de los ingresos tiene fundamentos. El intendente ganaba el 70 por ciento de lo que percibe un mecánico de Gamsur ó el 80 por ciento de lo que recibe por mes un director de organismos estatales. Los secretarios y concejales apenas superaban el ingreso de un empleado de comercio y los subsecretarios estaban casi por debajo del haber de los trabajadores municipales.
En tiempos de verificado descrédito de la clase política un aumento nunca resulta gracioso para el ciudadano común pero, la discusión que comenzaba a ganar adhesiones en la opinión pública tuvo un remate para el olvido que, sin embargo, recordaremos por mucho tiempo.
Cómo se accede
La argumentación instalada como verdad irrefutable en los corrillos políticos es que con empobrecidos estipendios los profesionales más capacitados optan por la actividad privada en lugar de la devaluada función pública. Nada se dice sobre cómo se accede a los cargos políticos, sean técnicos o concejales.
Los votantes eligen al intendente y una lista sábana que lo acompaña en la misma boleta. Los elegidos llegan por vínculos personales y partidarios aunque resulten completos desconocidos para la gente. Nunca faltará alguna secretaría ó nueva área administrativa que permita cumplir con alguna promesa interna de campaña ó garantizar la permanencia de funcionarios que sirven de moneda de pago a alianzas sectoriales. Si antes no estuvieron los mejores debido a los bajos ingresos, nadie se anima a aventurar que la calidad profesional ya comienza a golpear las puertas de los edificios oficiales.
Quienes hoy pierden plata se desvivían por ocupar una banca amparados por el caudillo político de turno. Nuñez asegura que son trabajadores y no profesionales de la política. Algunos nombres tantas veces repetidos en 25 años de democracia podrían refutar su definición.
Los medios – según se advirtió en el recinto parlamentario – fueron «amarillistas» y «buscaron sangre» cuando reflejaron el malestar de los vecinos que cuestionaron el hermético mutismo de sus representantes. La tinellización que denunció el edil Gustavo Segre careció de ejemplos y se basó en la generalización. Según se desprendió de sus dichos, los que opinaron en contra de «la buena acción» de nuestros concejales banalizaron su visión de los hechos y fomentaron el malestar. La gente respondió en forma acrítica y sin juicio propio al reprobar la tarea de nuestros ediles que, «afortunadamente», dejarán de perder todo o parte del dinero que solidariamente resignan. El razonamiento indicaría que la tarea parlamentaria, tantas veces devaluada por acción u omisión en los últimos años, comenzará a ser dignificada con un mejor salario.
Antipolítica
El discurso de Segre dejó otra inevitable convocatoria al análisis al hacer un minucioso recorrido sobre las aberrantes agresiones a la institucionalidad que tuvieron el peor desenlace durante la última dictadura militar. El edil, de formación política académica, destacó que los antecedentes históricos se vislumbran hoy en un demérito que la sociedad adjudica a quienes representan a los poderes del Estado y a sus estructuras. «Se quiere montar el discurso de la antipolítica. Se dice que los políticos deben trabajar gratis y que son todos corruptos o vagos», afirmó. ¿Los riocuartenses pusieron en duda la importancia de las instituciones cuando cuestionaron el salariazo político? El descreimiento hacia la dirigencia no implica desvalorizar la política como instrumento. Los votantes esperan por mejores políticos, no parlamentos cerrados. Tampoco salieron a las calles a pedir que trabajaran gratis. Sin embargo, expresaron ante los micrófonos periodísticos que multiplicar el monto de los haberes, dar un premio adicional al tiempo completo ó levantar la mano para aprobar una ordenanza que algunos avalaron sin conocer la letra chica, era por lo menos cuestionable. La perversidad de los medios parece que no tiene límites.
Crear mecanismos para acercar la actividad parlamentaria al conocimiento del ciudadano común y castigar a quienes incumplen puede ser un valorable avance hacia la recuperación de la credibilidad y la dignificación de los cargos públicos pero, al menos por ahora, solo está cargado de buenas intenciones. El tiempo y la efectividad de los actos harán confiable los anuncios.
Algunas cuentas políticas todavía siguen pendientes. Las económicas ya empezaron a saldarse.
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