Desde hace 4 años, el juzgado de Menores no interviene en casos de jóvenes en riesgo ó bajo las adicciones, salvo que hayan cometido un delito. Sin embargo, admiten falta de recursos para la contención del Estado provincial.
El reclamo de Laura Rivero, la madre de dos hijos víctimas de adicciones a las drogas y el alcohol, despertó el debate sobre las opciones de tratamiento que ofrece la ciudad a quienes no tienen recursos para pagar costosas becas en ámbitos privados.
Desde hace 4 años, el juzgado de Menores no interviene en casos de jóvenes en riesgo ó bajo las adicciones, salvo que hayan cometido un delito. Sin embargo, admiten falta de recursos para la contención del Estado provincial, que debe intervenir a través de la SENAF.
El juez José Varela Geuna manifestó en diálogo con Telediario que «cuando SENAF llega a la conclusión de retirar a un chico de su seno familiar se pide un control judicial para validar la decisión».
«El tema de las drogas es uno de los flagelos que genera la desesperación de las mamás de jóvenes, cada vez más chicos. No alcanza la preocupación familiar porque se necesita una herramienta del Estado para que acompañe con instituciones específicas para el tratamiento», subrayó.
El magistrado admitió que «con este nuevo paradigma legal, donde la intervención estaba antes en la Justicia, se derivó al Estado para desjudicializar situaciones de pobreza».
«Si se fracasa en la primera instancia es muy probable que los chicos caigan en el delito. SENAF tiene facultades muy amplias y debería jerarquizarse su trabajo con recursos humanos comprometidos y con responsabilidad. Se debe consolidar cómo política de Estado, con los fondos ncecesarios», expresó.