Aprobaron en silencio y con apuro un aumento de hasta el 150 por ciento y pactaron un adicional por horario completo. Ahora, buscan dar marcha atrás con parte ó el todo de la polémica ordenanza. Los mismos dirigentes que coincidieron en otorgarse una jugosa mejora salarial no logran lidiar con sus propias contradicciones y tratan de eludir la lacónica sanción ciudadana.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar) – Entraron en puntas de pie, sin hacer ruido. En el Concejo Deliberante ya no quedaban los ecos de los bombos de la UOCRA ni el andar prepotente de los empresarios de la construcción aunque en el Palacio de Mójica todavía latía la protesta que anticipaba la renuncia de un hombre de extrema confianza de Juan Jure. A mano alzada y sin chistar, los concejales se aprobaron una suba salarial de hasta el 150 por ciento. No hubo votos en contra, ni argumentaciones, ni reproches, ni respuestas mediáticas. Bastó que el presidente del parlamento local Eduardo Yuni leyera el número de expediente para que un aire de conformidad unánime colmara la sala.
Los riocuartenses no tuvieron tiempo para consultar con la almohada la conveniencia de madrugar con cacerolas en mano. El diario de la mañana les impidió tragar las medialunas y el café humeante de los últimos fríos primaverales. Bien temprano el secretario de Gobierno Claudio Miranda aseguraba a quien quisiera escucharlo que la suba era un pacto de todos y Jure no la iba a vetar.
La necesidad de aumentar haberes que aparecían anclados en los 90 no pudo convertirse en eje del debate por tanto despropósito colectivo. Necesitaban ganar más, pero los ediles y el Ejecutivo no quisieron discutir una realidad en la que los números parecían darles la razón. Optaron por ser los malos de la película, como si no sobraran escenas en las que la gente los observa como villanos presuntuosos de un film clase B.
El día después al salariazo los regocijantes bolsillos políticos les impidieron evaluar con certeza todo lo que habían votado. Las extranjerizantes definiciones de «part time» y «full time» no necesitaron traducción. La población impávida descubría que algunos podían retirarse a mitad de jornada y los de tiempo completo cobrarían un 10 por ciento más aunque solo se tratara de cumplir horarios.
Desconcertados
«Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa». La bronca popular comenzó a sesgar las voluntades corporativas y surgieron definiciones desconcertantes a solo horas de un aumento histórico.
«La verdad es que no sabía que se había incluido la figura de los part time», admitió Graciela Saracho. Jorge Cendoya coincidió al señalar que «falta saber de que se trata el nuevo sistema». Desde la Coalición Cívica, Eduardo Scoppa consideró, lisa y llanamente, que «la ordenanza fue errónea, inoportuna e injusta» y pidió derogarla. El intendente Juan Jure sostuvo que «los sueldos de los funcionarios no tienen que ser ofensivos para la gente» y aseguró que no les permitirá a sus secretarios y subsecretarios que sean «part time», aunque la ley los consienta.
Por su parte, Eduardo Yuni, centro de las críticas por la forma en que se votó el incremento, aventuró que a los ediles con cargada agenda privada se les pagaría solo mil pesos de salario. «¿Qué hará ahora Enrique Novo, quien tiene hipotecado más de la mitad de sus sueldos entre donaciones y quitas resignadas? ¿Dispondrá de sus ingresos como abogado?», ironizaban en los pasillos del Concejo Deliberante.
La decisión de Yuni parece un gesto tardío y torpe a las críticas de la gente y una represalia para los dos ediles que admitieron públicamente que no abandonarán la actividad privada. El proyecto no surge por el debate público que se resistió a dar como presidente del Concejo Deliberante sino en la búsqueda de apartarse de la creación de la figura del edil de medio tiempo que ayudó a legalizar.
«Hay concejales que dicen ser full time y no presentaron un proyecto ni abrieron la boca en las comisiones ó en las sesiones», manifestó Scoppa y su definición solo aportó más polémica a una duda primaria en la evaluación de la gente: ¿Cómo se mide la efectividad y productividad de quienes llegaron por lista sábanas y, en muchos casos, con la hoja de antecedentes en blanco? ¿Qué se debe hacer si solo son rigurosos cumplidores de horarios ó formales acompañantes de la voluntad del jefe político de turno? ¿Quién exige la presencia de funcionarios en sus despachos? ¿Cómo se comprueba el aporte de ediles en las comisiones de debate y un rol activo en las sesiones parlamentarias?
La primera coincidencia colectiva de los bloques partidarios tuvo un alto costo social que derivó en desorden y polémica. Los mismos dirigentes que coincidieron en otorgarse una jugosa mejora salarial no logran lidiar con sus propias contradicciones y tratan de eludir la lacónica sanción ciudadana.
Lo que ayer se aprobó entre susurros complacientes hoy se desangra en acusaciones lacerantes y advertencias cruzadas. El microclima de la dirigencia local se debate en una patológica búsqueda de salvación, sin tener en claro como hacerlo. Son tiempos de políticos al diván.