En la actual crisis financiera de Córdoba deben distinguirse dos elementos, por un lado el hecho de que el Gobierno de Cristina Kirchner destruye las reglas de juego, o sea las instituciones, haciendo un uso discrecional de sus poderes para enviar o no dinero que le corresponde a las Provincias. Por el otro, el error del Gobierno Provincial de creer que una deuda previsional se puede mantener sin equilibrio estructural subyacente y depender de la caridad de la política nacional. Veamos.
En primer lugar, Córdoba no está sola en el ahogamiento financiero provocada por el Gobierno Nacional. El viernes en Catamarca, los diarios locales mostraban al Gobernador Brizuela diciendo que moriría de pie. Que tenía los pantalones bien puestos. Que iba a pelear contra el Gobierno Nacional que no le gira los fondos. Que entre Octubre y Marzo no había recibido un peso hasta que se enteró que era porque había hecho declaraciones favorables al campo. Desde entonces le han cerrado la transferencia de fondos. El propio Ministro de Desarrollo social de la Provincia le explicaba a quien esto escribe que las transferencias afectaron hasta los planes alimentarios que se han tenido que mantener con enorme sacrificio fiscal para no privar a los pobres de su alimentación. Vale hacer notar, que Catamarca ha sido destacada por Pino Solanas como el Potosí moderno por las condiciones leoninas en la que se hace la explotación de la minería por parte de compañías extranjeras. Toda una paradoja. El Gobierno Nacional no envía los recursos mientras las provincias parecen malvender sus minerales para mantener sus gastos corrientes. En el nombre de la Argentina, el poder central, al menos no crea condiciones para evitar, que las provincias tengan que arrodillarse ante el capital extranjero. La conclusión es obvia. El gobierno nacional actúa de forma consistente con los intereses de grandes capitalistas y no de los pobres con los cuales se llena la boca de discursos. Dos días antes de estas declaraciones el Gobernador de La Rioja había ido a Catamarca a conversar sobre la forma de avanzar en la explotación minera… Está todo dicho.
Cuando uno ve al país desde adentro y desde otras latitudes con los mismos problemas se perciben dos cosas claras. Por un lado que mientras se paga 6000 millones al club de Paris en efectivo, lo que revela que no hay un problema de plata, las provincias pretenden volver a las cuasi-monedas. Por el otro, que el Congreso pese a prometer que después del conflicto con el campo iba a sacar la ley de coparticipación no lo hace y debería actuar en ese sentido de una vez por todas.
Córdoba entonces, esta en la misma situación de Catamarca. La Presidenta la está arrodillando. La tiene contra las cuerdas del ahogo financiero y toda la institucionalidad de la coparticipación que debería basarse en reglas claras queda traducida a una serie de decisiones personales inconexas e inaceptables para los Cordobeses como el ofrecimiento de 750 millones desde Julio pero condonando 2000 millones anteriores. Más aún, cuando el Gobierno presionado por el gremialista Moyano decide subir el piso del pago de ganancias le saca a Córdoba una parte de los recursos que recibía porque la caída de recaudación por esos conceptos la perjudica como al resto de las Provincias a quienes les correspondería el 45 % de los recursos que se dejan de percibir.
La cuestión entonces, no es, si esto es o no verdad. En el juego primitivo y despiadado de un país cuya política parece la de Parque Jurásico esto no debería asombrar. Es más, debería esperarse y por lo tanto los gobernantes deberían promover la no dependencia del Gobierno central. Esto es lo que lleva al segundo punto, el error del Gobierno Provincial de creer que una deuda previsional se puede mantener sin equilibrio estructural subyacente y depender de la caridad de la política nacional.
En segundo lugar entonces, la caja de Jubilaciones está en problemas. No es sorpresa. El problema previsional se da porque desde el punto de vista actuarial, la tasa de dependencia aumenta cuando hay envejecimiento poblacional y cuando se reduce la edad de las personas para jubilarse. En Córdoba la tasa de trabajadores activos en relación a los pasivos se ha deteriorado fragilizando al sistema de jubilaciones. Si esas tendencias no se anticipan, los problemas fiscales de financiamiento son inevitables así como el incremento de las cargas impositivas. O la emisión de bonos…
El problema se repite en el orden nacional donde el Estado acumula enormes deudas no reconocidas en la contabilidad tradicional. Peor aún, con las recientes transferencias de las AFJP al sistema de reparto, los recursos fueron contabilizados como parte del superávit fiscal y solamente como ingresos. No se considera que las personas incorporadas al sistema de reparto sean tenedores de una acreencia que el Estado deberá pagar. No se actualiza el registro contable de la deuda de largo plazo. Así es fácil. Se vive en una mentira fiscal permanente. Por lo tanto, si se quiere evitar los problemas, hay que anticiparse a los mismos. Esto en Córdoba no se hizo, esperando que la nación hiciera transferencias para su caja deficitaria. Esto termina en vulnerabilidad y una crisis inevitable, pero era previsible.
En definitiva, es cierto que el Gobierno Central es vengativo, discrimina y no transfiere los recursos que debe. Es cierto que no hay reglas en la coparticipación más allá de los humores Presidenciales. Pero sin ninguna duda es un error aún mayor hacer lo que ha hecho el Gobernador de Córdoba al atentar contra aquello de que los aportes personales del trabajador representan la compra de un derecho a recibir en el futuro una serie de flujos de ingresos por el organismo receptor. Se debió recordar que las personas que aportan, adquieren así, un bono emitido por quien recibe los aportes, en este caso el Gobierno de Córdoba. Por lo tanto, recibir los aportes representa emitir deuda la cual debe ser saldada en el futuro. Desde esta perspectiva, el pago de los beneficios equivale al pago de un interés o a la amortización de las deudas contraídas. Lo que hizo el Gobernador al recortar jubilaciones fue cambiar unilateralmente los términos del contrato de deuda que tenía con los aportantes. Atentó también él contra las instituciones creando desconfianza e inestabilidad. Más aún cuando se piensa que esa práctica es recurrente cada tantos años, la realidad se vuelve insufrible.
Basta pensar que la ley 8250 consolidó todas las obligaciones vencidas o de títulos anteriores al dictado de la ley de convertibilidad por la cual se devengó un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común. Con eso la Provincia licuó deuda. El pago de la deuda se haría a 16 años. También se dispuso que las sentencias judiciales tendrían carácter declarativo y no podrían ejecutarse. La historia siguió con una nueva ley de consolidación en el Estado Provincial de todas las obligaciones vencidas o de título anterior al 12 de Julio de 1999 lo que volvió a significar la aplicación de la ley 8250 mencionada obteniendo una nueva prorroga para la cancelación de las deudas del Estado Provincial.
Recientemente, con la reducción de las jubilaciones el Gobernador vuelve a hacer lo mismo que se hizo antes. Se desconoce la deuda contraída y se prometen bonos. Para peor, se sienta un precedente que atenta contra toda seguridad jurídica porque el Gobierno reconocerá o no la totalidad de su deuda con los aportantes en el futuro si el Gobierno Nacional le envía la ayuda que el Gobierno Cordobés dice debe recibir. Una barbaridad pues se mezcla una obligación contractual derivada de la deuda que el Gobierno tiene con una estrategia política de enfrentamiento entre jurisdicciones de los ejecutivos de la República Federal. El problema para los Cordobeses, es que su Gobernador no sólo no ha resuelto el problema de la mala contabilización de la deuda pública, sino que continúa con la práctica de los 90s de seguir negando deuda mediante la licuación de la misma.
Entre ese juego de pinzas de un Gobierno Nacional que ahoga a los habitantes del interior y los desaciertos de no mantener un equilibrio estructural propio en el sistema de jubilaciones todo termina en una población que teme que le paguen con bonos, que retraerá sus compras, que se cubrirá frente a la incertidumbre y frenará aún más la economía. Pensar que cuando se advertía sobre las consecuencias que iba a traer el paro del campo algunos pensaban que se exageraban las noticias…
Dr Roberto Tafani