El licenciado Salinas consideró que la decisión de ir a La Haya contra EEUU, «es una jugada interesante, pero con muy pocas probabilidades de éxito»
El Gobierno presentó la demanda por la violación de Estados Unidos de “su obligación internacional de respetar la soberanía” de la Argentina y los inconvenientes que esto representa para el proceso de reestructuración de deuda pública.
A través de un comunicado, el Gobierno precisó que la denuncia presentada en La Haya acusa a los Estados Unidos de no respetar las “inmunidades soberanas” argentinas y “su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar al voluntad soberana de otro Estado”.
El licenciado Pablo Salinas, docente en Derecho Internacional en la UNRC, manifestó que «es una jugada interesante, pero con muy pocas probabilidades de éxito»
«Es casi imposible que Estados Unidos acepte la jurisdicción de la Corte Internacional para reveer algo de su política interna. No considero que vaya en contra de la tradición del poder norteamericano», enfatizó en diálogo con Telediario.
Añadió que, «para el gobierno significa abrir otro frente en la batalla discursiva»
«Se está en un campo de lo inédito y que se experimenten varias posibilidades de conseguir respuestas no es del todo equivocado. Es una opción más que permite dilatar en el tiempo o correr la visión sobre el tema central», subrayó.
Argumento oficial
“La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, remarcó el texto del gobierno nacional tras la presentación en La Haya.
De acuerdo a la posición argentina, “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas, han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, que el gobierno nacional “somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución”.
De esta manera, el Gobierno destacó que se le brinda “a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”.
Asimismo, subrayó que “para el caso que los Estados Unidos no aceptaran la competencia de la Corte, la Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA y del derecho internacional general, que imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos”