En la semana, a nivel internacional, la noticia económica relevante ha sido el alza en el precio del petróleo, que superó los U$S 123 el barril, por la situación convulsiva de Nigeria, uno de los principales abastecedores del mercado americano. Los pronósticos no son nada halagüeños, ya que se esperan precios crecientes para el corto y mediano plazo. Esto podría impactar negativamente en las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, agregando otra fuente de preocupación a la que ha instalado la crisis financiera del mercado americano.
A nivel interno, dominan la escena la irresolución del conflicto Gobierno – Campo, por las retenciones, que ha llevado a un nuevo paro, por 8 días; la escasez de combustibles, por una política de precios que exacerba el consumo y desalienta la producción; y la inflación y la presentación, en un seminario, del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que relevará el INDEC a partir de junio. Por otra parte, no deja de preocupar a los propietarios extranjeros de empresas expúblicas, la política de argentinización y estatización que sigue el Gobierno Nacional. El caso más fresco, es Aerolíneas Argentinas, donde el grupo español propietario se vio compelido a ceder participación, desde el 95% al 33,4%, para hacer espacio a empresarios locales y al Estado Nacional. Empresas de distribución eléctrica perciben que pronto van a recibir el mismo tratamiento. Todo esto va configurando un humor internacional negativo sobre el país, y se ha visto reflejado en la baja de la calificación de la evaluadora de riesgo internacional Standard and Poor´s. Esta baja dificulta que las empresas argentinas puedan tomar préstamos a las tasas y plazos que empresas similares de Brasil, Chile o Perú lo hacen en el mercado internacional. En síntesis, una semana para olvidar. En el resto de la nota se pasa una revista, breve por el espacio, sobre aspectos de política y economía que han estado presente en los casos de las retenciones y de la inflación.
Los peores sesenta días de la Presidenta
Los meses de Marzo y Abril, y lo que va de Mayo, han sido los más difíciles que ha debido gestionar la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Si este gobierno es una continuidad del anterior, como parece ser, estos 60 días han sido los peores de los últimos 5 años. Las razones inmediatas han sido el paro agrario y la inflación, pero en la profundidad subyacen otras, el estilo concentrado de hacer política por parte del Poder Ejecutivo y la baja institucionalidad de sus decisiones, siendo esto último imprescindible para tener una democracia de calidad.
Mirando al conflicto con el campo, la actuación del Gobierno no ha podido ser más desacertada y desprolija en las negociaciones llevadas adelante. Mostró la negativa ingerencia de Néstor Kirchner, trabando lo que el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, trataba de destrabar. Su objetivo, sorprendentemente (dada su condición de ex Presidente de la Nación y de esposo de la Primera Magistrada), es que el conflicto no se solucione, y lo ha logrado. Dadas sus ideas progresistas, es algo inconsistente que no le preocupe en absoluto que sea Juan Pueblo quien pague los costos de su estrategia de enfrentamiento. Se entiende aún menos que haya decidido perjudicar la imagen positiva de la Presidenta de la Nación, quien ya tiene una caída de 30% frente a la ciudadanía. Es posible que, para 60 días, la pérdida acaecida de aceptación sea similar o aún supere a la del período de hiperinflación de comienzos de 1989. Es que la elevación de las retenciones a las exportaciones, razón del paro agrario, ha dejado incentivos negativos para la producción e inversión mirando al futuro, una pérdida efectiva de producto nacional que supera el aumento esperado de recaudación tributaria, un desaliento notorio en toda la estructura productiva ligada al campo, y desnudado la fragilidad que encierra la falta de institucionalidad. El aumento de los impuestos es una atribución del Congreso de la Nación, y la ley de emergencia económica, que habilita grotescamente al Poder Ejecutivo a ser legislador, es una rémora del pasado que ojalá la realidad no le de un nuevo sentido a su permanencia en el plexo de normas.
Las consecuencias negativas para el Gobierno no se dan sólo a nivel de imagen, sino que alcanzan también a la posibilidad de seguir adelante con ese estilo concentrado de toma de decisiones, ya que se ha puesto en la consideración de la población cuestiones que no son cómodas para su gestión, como son el destino de los recursos que captura por las retenciones y el reclamo por la sanción de la nueva ley de coparticipación federal de impuestos, obligación establecida por la reforma constitucional de 1994.
Sobre la sanción de esta nueva ley, si bien es una obligación a saldar por los representantes del pueblo de la Nación, quien más responsabilidad tiene es la mayoritaria bancada oficialista; pero he aquí, que sólo puede motorizar los proyectos simpáticos al Poder Ejecutivo, y éste no lo es. Por otro lado, muchos gobiernos provinciales empiezan a tener dificultades financieras, debiendo ir a ¨mendigar¨ a la Casa Rosada, y no dejan de pensar que el aumento de las retenciones está jugando en contra de sus propias solvencias fiscales al no ser un recurso coparticipable, lo que refuerza el reclamo anterior. Y en esto no hay distinciones partidarias, siendo la mayoría de los gobiernos provinciales de igual signo al Gobierno Nacional.
La política, la baja institucionalidad y el diagnóstico incorrecto sobre la inflación
En referencia al costo de vida y su variación, desde enero del año 2007 el estilo concentrado de ejercicio del poder de Néstor Kirchner, llevó a que -por intermedio del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno-, se concretara la intervención del INDEC, con el fin de que no emergieran en los datos las elevadas cifras de inflación que las políticas fiscal y monetaria, desmesuradamente expansivas, gestaban. El accionar del funcionario hizo estragos en la credibilidad de esta institución, supuestamente autónoma, encargada de la elaboración de las principales estadísticas del país.
La política de negación de la realidad inflacionaria se implementó para engañar a los acreedores del país que tienen bonos que se ajustan en su valor por el CER (coeficiente de estabilización de referencia), que evoluciona acorde al costo de vida, y para que un potencial mal humor de los votantes, provocado por la inflación, no fuese a alterar el resultado previsto para las elecciones de octubre de 2007. Avasallar la independencia del INDEC, ha tenido y tiene consecuencias negativas para el país en su alicaída reputación frente a la comunidad financiera internacional; pero aún más negativas cuando se analiza tal acción como de pérdida de una brújula que permite evaluar la calidad de la política económica (hacia dónde se va). No sólo eso, dicha pérdida ha terminado por exacerbar las mismas expectativas de inflación. Nestor Kirchner terminó su mandato en diciembre pasado con una cifra real próxima al 22% de inflación en el 2007, aunque la cifra del INDEC, para uso de bonistas y ciertos sectores asalariados, marcó algo más del 8%; se dio el lujo de no reconocer a la inflación como problema.
Los medios de comunicación, trasmitiendo insistentemente la contraposición entre las cifras del INDEC sobre el aumento del costo de vida y las apreciaciones de la gente común y de numerosos analistas (muchos de éstos identificados con el modelo productivo inaugurado en el 2002), lograron que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, finalmente, la reconozca en sus discursos de la semana como un problema que su administración debe resolver. ¡Era hora! Y no es poca cosa si se piensa que ni cuando asumió como Primera Magistrada, ni cuando dejó inaugurada las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, había hecho manifestación alguna sobre la cuestión.
Desde esta columna, y también de la de otros colegas, la apreciación era que si el gobierno no reconocía que el país arrastraba tasas elevadas de inflación difícilmente podría encontrar soluciones a las mismas. Lamentablemente en esos mismos discursos la Presidenta adjudica incorrectamente la responsabilidad sobre las mismos. No es el sector agropecuario el responsable; no son los formadores de precios los principales responsables; aunque no lo crea, Sra. Presidenta, es su Gobierno el que a través de la inercia de los desaguisados dejados en materia de política económica por el gobierno anterior, en el año 2007, más los de su propia cosecha, son los que vienen fijando una trayectoria peligrosamente creciente para los precios de la economía. Si no hay cambios en la dirección correcta, empezará a notarse algo que le va a resultar intolerable, como progresista que es: el desempleo, el aumento de la pobreza y la indigencia.
Lic. Santiago Gastaldi
Fundación EGE.