El Observatorio de DDHH emitió un comunicado. La familia debió trasladarse a una precaria vivienda de Las Higueras. El hecho se conoció tras la denuncia a Periodismo Ciudadano, de TD Digital.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto solicitó «la urgente intervención de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) y el Juzgado Federal de Río Cuarto ante la posible comisión de los delitos de evasión, trata de personas, trabajo esclavo y otras figuras penales que pudieren ser aplicadas ante la situación del matrimonio integrado por Alfredo Ochoa y Mónica Flores, quienes fueron intimados a desalojar la precaria vivienda (un viejo colectivo) que ocupaban en las instalaciones del predio deportivo “Pablo Aimar”, propiedad del club Estudiantes de Río Cuarto, en la localidad de Las Higueras».
Tal como lo precisó el comunicado firmado por el coordinador del Observatorio, Hernán Vaca Narvaja, «la situación del matrimonio Ochoa tomó estado público el 22 de agosto a través de una fotografía enviada a la sección “periodismo ciudadano” de la página web de Canal 13 (www.telediariodigital.com.ar) por un usuario del predio, que se mostró «indignado» porque el club tenía “al casero viviendo en un colectivo y en malas condiciones”».
«El 30 de agosto, Canal 13 entrevistó a Alfredo y Mónica. Como represalia, el club Estudiantes habría dejado de pagarles por las tareas que realizaban dentro del predio. El tres de octubre, el diario Puntal contó cómo vivía el matrimonio y publicó fotografías que revelaron el estado de insalubridad y abandono del colectivo que habitaban», subrayó.
Vaca Narvaja resaltó que «Alfredo y Mónica se habrían desempeñado como caseros de la institución desde hace una década y ocupaban una modesta vivienda en el predio del club, hasta que a principio de este año la nueva comisión directiva -encabezada por el empresario Roberto Gualtieri, propietario de la fábrica de pastas La Italiana- decidió demolerla».
«Los alojaron “provisoriamente” en un viejo colectivo, en el que la pareja vivió en condiciones infrahumanas durante nueve meses, hasta que fueron intimados a abandonarlo mediante Carta Documento firmada por Gualtieri y su vicepresidente Mario Mura. En la Carta Documento que le enviaron al matrimonio Ochoa, los directivos del club sostienen que Alfredo y su esposa “ocupan la vivienda como simples moradores en razón de que la institución, desde el año 2003, les facilitó en préstamo la misma, toda vez que (ustedes) ocupaban la vivienda desde antes que el club adquiriera el predio” y los intiman “en un plazo perentorio de diez días a desalojar el inmueble (sic) bajo apercibimiento de promover acciones de desalojo en su contra”. El “inmueble” no es otro que el viejo colectivo en el que Alfredo y Mónica vivían desde febrero, a la espera de que el club los ayudara a construir una nueva vivienda tras demoler la que diez años antes les habían cedido», describió.
Según surge del testimonio brindado por Alfredo y Mónica al Observatorio de Derechos Humanos, hace una década que ambos trabajan como cuidadores del predio, tiempo en el que además cumplieron distintas tareas vinculadas a la parquización y mantenimiento del parque, las canchas de fútbol, la higiene de las instalaciones y el lavado de ropa deportiva, percibiendo siempre su remuneración en negro y sin realizarles los aportes previsionales, situación que fue denunciada en septiembre ante la delegación local del Ministerio de Trabajo por el gremio UTEDYC.
«La pérdida de su fuente laboral y el desalojo compulsivo del predio “Pablo Aimar” constituyen el peor epílogo para la situación de vulnerabilidad social que padece el matrimonio Ochoa. Este Observatorio de Derechos Humanos insta a las instituciones de la ciudad y al municipio de Las Higueras a intervenir en forma urgente para evitar que, una vez más, el hilo se corte por lo más delgado», destacó Vaca Narvaja.