Un nuevo fallo judicial condenó al Estado nacional a pagar indemnizaciones a damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas hace casi 18 años.
La sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de Buenos Aires ratificó una sentencia de primera instancia y ordenó resarcir con 5.462.817 pesos a nueve personas y los familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y comercios cercanos a la Fábrica Militar, además de lesiones físicas o psíquicas.
Esta sentencia se suma a otras que ya dictaron juzgados federales de Córdoba.
En el fallo conocido ayer, los jueces Alfredo Gusmán y Graciela Medina, consideraron que el Estado es responsable porque la Fábrica Militar es una industria de su propiedad. Advirtieron que en la planta, al momento de las explosiones, eran “alarmantes las condiciones de inseguridad”.
El siniestro ocurrió el 3 de noviembre de 1995 y dejó siete muertos, unos 300 heridos y millonarios daños materiales. Entre 1996 y 1999 el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos por daños por unos 85 millones de pesos, o dólares del momento. Luego, miles de riotercerenses iniciaron juicios.
La causa penal sigue abierta. Están procesados por estrago doloso seguido de muerte cinco exdirectivos de Fabricaciones Militares y hace dos meses se sumó a esa lista el expresidente Carlos Menem, quien apeló esa resolución ante la Corte.
La principal hipótesis es que las explosiones fueron provocadas para ocultar el faltante de armas que de manera ilegal se vendieron entre 1991 y 1995 a Croacia y Ecuador. Esa hipótesis, para fiscales y querellantes, se sostiene con el propio Estado –o funcionarios de éste en aquel momento– promoviendo o tolerando la acción de la voladura.
Fuente: LaVoz.com.ar