Los ambulantes pidieron un amparo y Polinori confirmó que «abandonado el diálogo», desde el 1 de septiembre tienen que dejar las calles, tal y como lo anunciaba el decreto en primera instancia.
A pesar de la tregua anunciada de 90 días, los vendedores callejeros recurrieron a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del decreto del intendente Juan Jure que los obliga a dejar las calles y solicitaron un amparo a la juez Sandra Tibaldi de Bertea para frenar su ejecución.
La medida provocó una conferencia de prensa de urgencia del Ejecutivo en la que dieron por caído el acuerdo y la prórroga de 3 meses para aplicar la normativa.
El jefe de Gabinete Guillermo Mana dijo que fueron sorprendidos por la decisión de los ambulantes en plena negociación.
«El municipio debe velar por el cuidado del espacio público y desde hace mucho tiempo se han generado oportunidades para ayudar a los vendedores», remarcó.
El funcionario sostuvo que «se les ha permitido que puedan desarrollarse pero deben hacerlo en un ámbito de control, que no afecte a terceros».
Mana advirtió que «se tomarán hacia adelante todas las decisiones que se deban tomar»
Por su parte, el secretario de Gobierno Héctor Polinori recordó la reunión que mantuvo con Franco Castaldi, ex secretario general del Sivara y funcionario nacional, en la que se analizaron opciones para mejorar los planes de formación y asistencia para los vendedores.
«Acordamos una tregua de 90 días y los vendedores asumían el compromiso de liberar la vía pública. Nuestro objetivo final es que se liberen las veredas y calles y los vendedores tengan opciones para sustentar a sus familias», aseveró.
Polinori ratificó que se cayó ese acuerdo con Castaldi, «a quien habíamos considerado el interlocutor válido»
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