El presidente de la comisión, Marcelo Guinle, confirmó que el oficialismo «evaluará» el nuevo informe del CELS, que se incorporó esta mañana a la comisión y que recomienda rechazar el pliego de Milani por sus supuestas vinculaciones con violaciones a los Derechos Humanos.
Por esa razón, Guinle citó para mañana a las 9 nuevamente a la comisión con el fin de evaluar los «antecedentes nuevos que han ingresado a la comisión».
En un nuevo informe firmado por su presidente, Horacio Verbitsky, el CELS informó que ha «continuado la investigación» más allá de sus «recursos propios» y que ha «podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad».
«Esta información -agrega el informe al que tuvo acceso Télam- obraba en expedientes judiciales y en actuaciones administrativas provinciales y nacionales, de las que el Ministerio de Defensa nunca fue informado, por lo cual en tres oportunidades anteriores solicitó el ascenso de Milani a distintos grados como oficial superior».
El CELS menciona en el nuevo informe remitido al Senado «un sumario por deserción instruido el 28 de junio de 1976 contra el soldado Alberto Ledo, cuyo oficial instructor fue el entonces subteniente Milani» y añade que «los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado».
También incluye «testimonio brindado el 21 de agosto de 1984 por Ramón Alfredo Olivera ante la comisión de Derechos Humanos de La Rioja, quien denuncia que Milani participó en un allanamiento que derivó en la detención de su padre, quien fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141 de la mencionada provincia».
En esa acta de testimonio, según el CELS, Olivera señala que Milani «estuvo presente y lo `hostilizó` durante un interrogatorio judicial en el que el testigo intentaba infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal».
Por esas razones, el CELS recuerda que desde su fundación su objetivo principal «es la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado» y que por ello se ha ocupado de «exigir la separación de sus cargos de quienes se encuentren sospechados de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos».
«Es por todo ello -concluye el informe firmado por Verbitsky-, y a partir de esta nueva información, que consideramos que el ascenso del oficial Milani debe ser rechazado».
Durante la audiencia de hoy en la comisión de Acuerdos, convocada para debatir los ascensos de los jefes de las Fuerzas Armadas, el oficialismo rechazó un pedido formulado por el radicalismo para que se cite al general Milani.
El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, explicó que no forma parte de la política de esa comisión la citación de los jefes militares y advirtió que el oficialismo se remitirá al análisis de los antecedentes de Milani.
«En este segundo documento (por el nuevo informe del CELS), hay valoraciones de carácter más subjetivas que forman parte del análisis más de fondo que tenemos que hacer», argumentó Pichetto antes de que se dispusiera el pase a un cuarto intermedio hasta mañana.
En un primer informe difundido la semana pasada, el CELS había sostenido que en sus archivos no constaban antecedentes de denuncias o causas penales que vinculen al jefe del Ejército con violaciones de los derechos humanos.
Guinle, por su parte, admitió que «es importante lo que viene ahora del CELS», consideró que «se debe poner el ojo» en determinar «si hay violación o no de los Derechos Humanos» y señaló que hubo «una nueva impugnación con solicitud de rechazo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos» en perjuicio de Milani.
En representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales consideró que «directamente debería rechazarse el pliego» pero consideró «imperioso garantizarle el derecho de defensa» por lo que insistió con su citación, algo que el oficialismo rechazó.
Morales admitió que Milani «no está imputado penalmente» por ninguno de los dos hechos ocurridos en las provincias de La Rioja y Tucumán pero aclaró que «se trata de un proceso que se está iniciando».