Opinión
El resultado de un pacto político entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición deja un pesado lastre para quien se convirtió en nuevo Defensor del Pueblo. Guillermo De Rivas es la consecuencia de una estrategia con fuerte impronta del Palacio de Mójica y avalada por las cuestionadas normativas vigentes. El ombudsman deberá custodiar los intereses de los vecinos de la ciudad ante eventuales políticas abusivas de un intendente que lo planteó públicamente como su favorito.
Jure señaló que el Defensor debía surgir de la principal fuerza de oposición, argumentando que la expresión popular la definió como la primera minoría y, por ende, con mayor representación política que otras fuerzas partidarias. La postura oficial favoreció un acuerdo implícito en el que varios postulantes del PJ quedaron en el camino porque el municipio les bajó el pulgar. Los 11 votos de la mayoría parlamentaria–ó al menos, parte de ellos- le otorgan al mandatario de turno un poder inmenso para definir y condicionar a quien asuma el máximo cargo de la Defensoría del Pueblo.
En el peronismo hubieran preferido que las manifestaciones mediáticas de Jure a favor de De Rivas no se produjeran en forma tan reveladora. De todos modos, nada habría cambiado la percepción colectiva de un acuerdo favorable al interés del intendente.
Quien debe custodiar que el gobierno municipal no vulnere derechos de los riocuartenses, es también el Defensor “preferido” del propio responsable de fijar las políticas.
El ex secretario de Gobierno de Alberto Cantero y ex presidente del Tribunal de Cuentas, reafirmó que su rol desarrollará en “un marco institucional” y habló de un trabajo conjunto con el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Aquel «rol institucional» que De Rivas desempeñó al frente del Tribunal de Cuentas, durante el gobierno de Antonio Rins, fue lo que le permitió acceder a la confianza de Jure. En el Ejecutivo no quieren una procesión de planteos judiciales por decisiones gubernamentales, ni recurrentes conferencias de prensa que expongan públicamente las críticas “al modelo”. Prefieren reclamos formales “sin aprovechamientos personales y políticos”, tal como ratificó De Rivas en sus primeras declaraciones públicas tras obtener un abultado triunfo por 13 votos.
La diferencia con el resto de los candidatos le permitirá a Unión por Córdoba definir al Adjunto en una negociación interna. Sin embargo, el peronismo riocuartense de estos tiempos, fragmentado y sin liderazgos, podría confrontar nuevamente con sus diferencias intestinas.
Desde su creación, la Defensoría alcanzó una repercusión social con altibajos, aunque se consolidó como un instrumento muchas veces efectivo para enfrentar políticas abusivas, regulaciones fallidas, acciones corporativas, metodologías monopólicas y prácticas violatorias de la ley que ponen en jaque el contrapoder de los ciudadanos. También, puede ser un mecanismo que fortalezca el posicionamiento colectivo contra decisiones del Estado que vulneren la legalidad y condicionen la vida de los riocuartenses. El gran desafío del nuevo Defensor será quitarse el rótulo de “candidato oficial” y convertirse en un verdadero custodio del interés de los vecinos.
El paso posterior deberá exigir un debate profundo sobre los mecanismos de elección del ombudsman. Conforma a pocos la justificación de la representación popular a través de los concejales “elegidos por el pueblo”. Los ediles llegan a sus bancas a través de listas sábanas y, en muchos casos, son referentes casi desconocidos para el electorado. Además, el voto secreto no logra eludir acuerdos que exceden a los bloques parlamentarios y tienen la última palabra en el Palacio de Mójica.
El resultado cantado de una elección ajena a la intervención popular volvió a reflejar viejos vicios de la política, cada vez, con menos defensas.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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